Durante décadas, capos con apodos como “El Chapo” o “El Mencho” fueron los rostros emblemáticos de la lucha antidrogas entre México y Estados Unidos. Ahora, la administración de Donald Trump ha girado el enfoque hacia un blanco distinto: los narcopolíticos mexicanos, funcionarios que presuntamente aceptan dinero ilícito para proteger a organizaciones criminales.
El Departamento del Tesoro estadounidense acusó recientemente a los cárteles de “usar cada vez más sus ganancias ilícitas para realizar pagos en efectivo a campañas políticas mexicanas”. El objetivo, señaló el comunicado oficial, es elegir candidatos “dispuestos a defender a los cárteles y sus intereses”.
Que el crimen organizado inyecte recursos a campañas electorales, especialmente a nivel local, no es ningún secreto en México. Sin embargo, rara vez se aborda abiertamente por funcionarios mexicanos. La alerta de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro (FinCEN) detonó una fuerte polémica, con analistas que la interpretan como la señal más clara de que Washington ya no solo quiere capturar a jefes de cárteles, sino también a sus presuntos cómplices en el gobierno.
Visas revocadas e indictments históricos
En el último año, el Gobierno de Estados Unidos ha revocado las visas de al menos una gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda, de Baja California, además de numerosos alcaldes. En un movimiento sin precedentes, fiscales estadounidenses presentaron cargos penales contra un gobernador en funciones: Rubén Rocha Moya, de Sinaloa, acusado de permitir que narcotraficantes operaran a cambio de sobornos y apoyo electoral.
Tanto Rocha como Ávila Olmeda, ambos militantes del partido Morena, han negado cualquier irregularidad. Sin embargo, las acciones representan una ruptura drástica con la práctica estadounidense de manejar disputas bilaterales a puerta cerrada y evitar interferir abiertamente en la política interna mexicana.
“Este es territorio desconocido en las relaciones México-Estados Unidos”
Pamela Starr, politóloga de la Universidad del Sur de California
Starr, autora del libro “The Making of Mexico: Revolution, Reform, and Transformation”, explica que Estados Unidos tradicionalmente otorgaba a México “mucha autonomía política doméstica” para garantizar la estabilidad de un vecino dispuesto a cooperar en temas que van desde la migración ilegal hasta el comercio y las relaciones de poder global.
¿Qué cambió en la estrategia estadounidense?
La administración Trump ha adoptado un enfoque de línea dura que incluye designar a los cárteles como organizaciones terroristas y bombardear embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el Caribe y el Pacífico. Además, las autoridades estadounidenses podrían estar ahora en mejor posición que nunca para procesar a políticos que asisten al crimen organizado.
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Gracias a operaciones agresivas antidrogas y la cooperación de México, decenas de figuras de alto nivel de los cárteles han sido enviadas a custodia estadounidense en los últimos dos años. Analistas de seguridad especulan que muchos están dispuestos a revelar información sobre sus sobornos a políticos con la esperanza de reducir sus condenas.
“Es la única forma realista en este país de detectar los vínculos entre el crimen organizado y las campañas políticas”
Luis Carlos Ugalde, expresidente del Instituto Federal Electoral
Ugalde, quien dirigió el IFE entre 2003 y 2007, señala que hace dos décadas el problema prácticamente no existía en el radar electoral. El panorama ha cambiado radicalmente.
Tensiones con el gobierno de Sheinbaum
Esta política estadounidense está tensando las relaciones con la presidenta Claudia Sheinbaum y su partido Morena, que cuenta con mayoría en el Congreso y gobierna casi tres cuartas partes de los estados del país. Si la administración Trump se excede, advierte Starr, “arriesgan envenenar las aguas de la cooperación bilateral en seguridad”.
El Gobierno de México ha respondido con cautela, defendiendo la soberanía nacional pero evitando una confrontación directa. La situación coloca a Sheinbaum en una posición delicada: debe responder a las presiones de Washington sin parecer someterse a dictados extranjeros, mientras enfrenta cuestionamientos internos sobre la penetración del narco en las estructuras políticas.
El dinero oscuro: difícil de rastrear
Nadie conoce la escala exacta de las donaciones de cárteles a campañas políticas mexicanas, pero incluso exfuncionarios electorales reconocen que las sumas son significativas.
“Es un fenómeno que ha detonado muy rápidamente”
Luis Carlos Ugalde, analista electoral
En 2018, Ugalde coautoró un informe que estimó que los candidatos a gobernador típicamente gastan al menos 15 veces más en campañas de lo que reportan a las autoridades. El “dinero oscuro” incluye no solo contribuciones del crimen organizado, sino fondos desviados de presupuestos gubernamentales y donaciones de empresarios que buscan contratos.
Las campañas generalmente reciben estos fondos en efectivo y los desembolsan de la misma manera, sin dejar rastro financiero. “Nadie paga una operación de movilización del voto con su tarjeta American Express”, señaló el informe titulado “Dinero bajo la mesa”.
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Jaime García, consultor político, explicó que las campañas se han vuelto cada vez más costosas en las últimas décadas, conforme México transitó de un estado de partido único a una democracia competitiva. Eso ha motivado a funcionarios de partido a ignorar las reglas de financiamiento y aceptar donaciones ilegales.
Impunidad persistente
Rara vez los donantes o receptores de fondos del narcotráfico han sido procesados, y mucho menos condenados en México. La impunidad ha sido la norma durante años, lo que ha permitido que el fenómeno de los narcopolíticos se expanda sin mayores consecuencias legales.
Este vacío de justicia en territorio mexicano es precisamente lo que ha motivado a Estados Unidos a actuar unilateralmente, utilizando herramientas como la revocación de visas, sanciones económicas y procesos penales en cortes estadounidenses.
¿Qué sigue para México?
El escenario plantea interrogantes profundas sobre el futuro de la relación bilateral y la lucha contra el narcotráfico. Por un lado, la presión estadounidense podría forzar una mayor rendición de cuentas entre la clase política mexicana. Por otro, amenaza con generar fricciones diplomáticas que compliquen la cooperación en seguridad, migración y comercio.
Para los ciudadanos mexicanos, el mensaje es claro: la corrupción política vinculada al crimen organizado ya no es solo un asunto interno. Washington está dispuesto a actuar donde las instituciones mexicanas han fallado, guste o no al gobierno en turno.
Los próximos meses serán cruciales para determinar si esta estrategia logra resultados concretos o si, como advierten los críticos, termina erosionando una relación bilateral ya de por sí complicada bajo la era Trump.
