Un juez federal determinó retirar la prisión preventiva justificada a Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, quien permanecía recluido en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México desde hace dos años en relación con el caso Ayotzinapa. La decisión judicial modifica las medidas cautelares impuestas al exfuncionario, aunque no representa su liberación total del proceso penal.
La resolución fue emitida este 24 de julio de 2026 por el juzgado encargado del caso, después de que la defensa del exfuncionario argumentara que había transcurrido el plazo máximo permitido para mantener a una persona en prisión preventiva sin recibir sentencia definitiva. Esta figura jurídica está contemplada en el sistema penal mexicano y establece límites temporales para la detención preventiva.
Nueva medida cautelar para el exprocurador
Con el retiro de la prisión preventiva justificada, Murillo Karam deberá cumplir con arresto domiciliario como nueva medida cautelar. Esto significa que el exfuncionario no podrá abandonar su domicilio registrado ante las autoridades judiciales, deberá portar un brazalete electrónico de localización y tendrá prohibido salir del país.
Además, el juez determinó que el exprocurador deberá presentarse periódicamente ante el juzgado para firmar el libro de procesados y no podrá tener contacto con testigos ni víctimas del caso. Estas condiciones buscan garantizar que el proceso judicial continúe sin obstáculos mientras se determina su situación legal definitiva.
Dos años sin sentencia en el Reclusorio Norte
El exfuncionario federal fue detenido en agosto de 2022 por su presunta responsabilidad en delitos relacionados con la investigación del caso Ayotzinapa, específicamente por la construcción de la denominada “verdad histórica”. Esta versión oficial, presentada durante su gestión como titular de la Procuraduría General de la República entre 2012 y 2015, fue cuestionada por organismos internacionales y por las propias familias de los normalistas desaparecidos.
Los cargos que enfrenta Murillo Karam incluyen tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia. La Fiscalía General de la República lo señala como uno de los responsables de haber alterado pruebas y permitido la fabricación de testimonios durante la investigación original del caso.
TAMBIÉN LEE. AMLO anuncia impugnación contra liberación de militares ligados al caso Ayotzinapa
El caso Ayotzinapa: una herida abierta
La desaparición de los 43 estudiantes normalistas de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa ocurrió la noche del 26 de septiembre de 2014 en Iguala, Guerrero. Los jóvenes viajaban hacia la Ciudad de México para participar en una conmemoración cuando fueron interceptados por policías municipales en coordinación con integrantes del crimen organizado.
Hasta la fecha, solo han sido identificados los restos de tres de los 43 estudiantes: Alexander Mora Venancio, Jhosivani Guerrero de la Cruz y Christian Alfonso Rodríguez Telumbre. Las familias de los demás normalistas continúan exigiendo justicia y verdad sobre el paradero de sus hijos.
La “verdad histórica” presentada por Murillo Karam en noviembre de 2014 sostenía que los estudiantes habían sido entregados al grupo criminal Guerreros Unidos, asesinados e incinerados en el basurero de Cocula. Sin embargo, investigaciones posteriores del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes demostraron que esta versión era científicamente imposible.
Implicaciones legales de la decisión judicial
La modificación de las medidas cautelares no implica que Murillo Karam haya sido exonerado de los cargos en su contra. El proceso penal continúa su curso y el exprocurador deberá enfrentar el juicio correspondiente, aunque ahora desde su domicilio en lugar de una celda en el Reclusorio Norte.
De acuerdo con el Código Nacional de Procedimientos Penales, la prisión preventiva justificada tiene un límite de dos años para delitos que ameriten hasta 5 años de prisión, y puede extenderse en casos de delitos graves. Sin embargo, los tribunales han determinado que mantener a una persona privada de su libertad por tiempo indefinido sin sentencia viola los principios constitucionales.
“La prisión preventiva no puede convertirse en una pena anticipada. El Estado tiene la obligación de resolver los procesos en tiempos razonables.”
Criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
Reacción de las familias de los normalistas
Los padres y madres de los 43 normalistas desaparecidos han expresado en diversas ocasiones su inconformidad con la lentitud del proceso judicial. Para ellos, la prisión preventiva de Murillo Karam representaba un avance simbólico en la búsqueda de justicia, aunque insuficiente frente a la magnitud de los hechos.
TAMBIÉN LEE. Jueces otorgan amparos a involucrados en caso Ayotzinapa: Denuncia SSPC
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, que representa legalmente a varias de las familias, ha señalado que el caso requiere mayor celeridad por parte de las autoridades. La organización ha documentado múltiples irregularidades en el proceso y ha solicitado que se investigue a otros funcionarios de alto nivel que pudieron haber participado en el encubrimiento.
Qué sigue en el proceso judicial
El caso contra Murillo Karam continuará su curso en los tribunales federales. La FGR deberá presentar las pruebas necesarias para sustentar los cargos durante el juicio oral, mientras que la defensa del exfuncionario buscará demostrar su inocencia o lograr una sentencia reducida.
Además del exprocurador, otras 83 personas han sido detenidas en relación con el caso Ayotzinapa, incluyendo policías municipales, militares y presuntos integrantes del crimen organizado. Sin embargo, las familias consideran que aún faltan por procesar a responsables de alto nivel tanto en el ámbito civil como militar.
La Presidencia de la República ha reiterado su compromiso con el esclarecimiento del caso, aunque las familias han manifestado que los avances han sido insuficientes. El caso Ayotzinapa permanece como uno de los capítulos más dolorosos de la historia reciente de México y como un recordatorio de las deudas pendientes en materia de derechos humanos.
La decisión de retirar la prisión preventiva a Murillo Karam evidencia las tensiones entre el derecho a un debido proceso y la exigencia de justicia por parte de las víctimas. El caso Ayotzinapa sigue siendo una prueba para el sistema de justicia mexicano, que enfrenta el reto de ofrecer respuestas a una sociedad que no olvida a los 43 normalistas de Iguala.
