La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México ya había presentado denuncias contra personas que recientemente fueron sancionadas por el Gobierno de Estados Unidos por sus vínculos con la red financiera del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), confirmó este 24 de julio de 2026 el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch.
El funcionario federal precisó que se trata de 55 sujetos identificados como parte de las estructuras de lavado de dinero y financiamiento del grupo criminal, lo que evidencia que las autoridades mexicanas venían trabajando de manera paralela a las investigaciones estadounidenses.
Coordinación entre México y Estados Unidos contra el CJNG
García Harfuch explicó que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro estadounidense, mantiene comunicación permanente y mecanismos de coordinación con la UIF mexicana para este tipo de procedimientos contra organizaciones criminales transnacionales.
Esta colaboración bilateral permite el intercambio de información financiera sensible que resulta clave para desarticular las redes de lavado de dinero que utilizan los cárteles mexicanos para mover sus ganancias ilícitas a través del sistema financiero internacional.
El secretario de Seguridad destacó que las denuncias presentadas por la UIF ante la Fiscalía General de la República (FGR) incluyen delitos como lavado de dinero, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada, mismos que ahora son reforzados con las sanciones impuestas desde Washington.
¿Qué implican las sanciones de la OFAC?
Las sanciones emitidas por la OFAC tienen efectos inmediatos sobre los activos de las personas señaladas dentro de la jurisdicción estadounidense. Esto significa que cualquier cuenta bancaria, propiedad o inversión que los 55 sancionados tengan en territorio norteamericano queda congelada de forma automática.
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Además, las instituciones financieras de todo el mundo que operan en dólares estadounidenses están obligadas a reportar y bloquear transacciones relacionadas con estas personas, lo que cierra prácticamente todas las puertas del sistema financiero formal para los señalados.
Para México, estas acciones representan un golpe significativo a las finanzas del CJNG, considerado uno de los cárteles más poderosos y con mayor expansión territorial en los últimos años. La organización criminal opera principalmente desde Jalisco, pero tiene presencia en al menos 25 estados del país y conexiones en varios países de América Latina, Europa y Asia.
Antecedentes de la lucha contra el lavado de dinero del CJNG
El CJNG ha sido objeto de múltiples investigaciones financieras tanto en México como en Estados Unidos durante la última década. La organización, liderada por Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, ha desarrollado sofisticadas redes de empresas fachada, negocios legítimos y transferencias internacionales para lavar las ganancias del narcotráfico.
Según estimaciones de agencias de inteligencia estadounidenses, el cártel genera ingresos anuales que superan los mil millones de dólares, producto principalmente del tráfico de fentanilo, metanfetaminas, cocaína y heroína hacia el mercado norteamericano.
La UIF, bajo la dirección de Pablo Gómez Álvarez, ha intensificado en los últimos meses sus acciones contra las estructuras financieras del crimen organizado, presentando denuncias que involucran desde pequeños operadores hasta presuntos testaferros con inversiones millonarias en bienes raíces, empresas de transporte y negocios de entretenimiento.
Estrategia de seguridad del gobierno federal
La confirmación de García Harfuch se enmarca en la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, que ha priorizado el combate a las finanzas del crimen organizado como una vía complementaria a las acciones operativas de la Sedena, la Semar y la Guardia Nacional.
Esta aproximación busca debilitar económicamente a los cárteles, dificultando su capacidad para comprar armas, sobornar funcionarios, reclutar sicarios y expandir sus operaciones. Los expertos en seguridad coinciden en que atacar el dinero de las organizaciones criminales puede ser más efectivo a largo plazo que las detenciones de líderes, que frecuentemente son reemplazados.
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El titular de la SSPC también ha insistido en fortalecer los mecanismos de coordinación con Estados Unidos en un momento de tensión por otros temas de la agenda bilateral, como la migración y los aranceles comerciales impuestos por el gobierno de Donald Trump.
¿Qué sigue tras las sanciones?
Con las denuncias ya presentadas ante la FGR, se espera que en las próximas semanas avancen los procesos judiciales contra los 55 individuos señalados. Las autoridades mexicanas podrían solicitar órdenes de aprehensión y el aseguramiento de bienes en territorio nacional.
Asimismo, la OFAC podría ampliar la lista de sancionados conforme avancen las investigaciones conjuntas, lo que mantendría la presión sobre la estructura financiera del CJNG. Fuentes cercanas a la investigación señalan que existen indicios de que la red de lavado del cártel involucra a decenas de personas adicionales que aún no han sido identificadas públicamente.
Para los ciudadanos mexicanos, estas acciones representan un esfuerzo por recuperar recursos que el crimen organizado extrae de la economía nacional y que frecuentemente se utilizan para corromper instituciones y perpetuar la violencia que afecta a comunidades enteras en estados como Jalisco, Michoacán, Guanajuato y Zacatecas.
La coordinación entre la UIF y la OFAC en materia de sanciones contra el CJNG confirma que, pese a las diferencias en otros rubros, México y Estados Unidos mantienen canales operativos para combatir al narcotráfico y sus estructuras financieras.
