Pensión del Bienestar llega a adultos mayores presos en Hidalgo

Desde 2025, personas de 65 años o más recluidas en los Ceresos del estado reciben el apoyo bimestral; familiares designados realizan el cobro

Los adultos mayores de 65 años que se encuentran privados de su libertad en los Centros de Reinserción Social de Hidalgo ya reciben la Pensión del Bienestar, el programa federal de apoyo económico que busca garantizar condiciones de vida dignas para este sector poblacional, sin importar su situación jurídica.

Desde 2025, las personas internas que cumplen con el requisito de edad comenzaron a ser incorporadas al padrón de beneficiarios, recibiendo el monto bimestral correspondiente que, para este 2026, asciende a 6,000 pesos cada dos meses. El cobro es realizado por familiares previamente designados por los propios beneficiarios.

Cómo funciona la entrega del apoyo en centros penitenciarios

El mecanismo de entrega de la Pensión del Bienestar para personas privadas de la libertad opera de manera diferente al esquema tradicional. Dado que los beneficiarios no pueden acudir personalmente a las sucursales bancarias o módulos de pago, el Gobierno de México estableció un procedimiento especial.

Los adultos mayores recluidos deben designar a un familiar o persona de confianza como representante autorizado para realizar el cobro. Esta designación queda registrada en el sistema del programa y debe ser validada por las autoridades penitenciarias del estado.

El Gobierno de Hidalgo, a través de la Secretaría de Seguridad Pública estatal, coordina con las instancias federales para verificar la identidad de los beneficiarios y facilitar los trámites administrativos necesarios para la incorporación al programa.

Requisitos y documentación para nuevas incorporaciones

Las personas adultas mayores que aún no han sido incorporadas al programa y cumplen con los requisitos pueden solicitar su registro. Para ello, se requiere la siguiente documentación:

  • Acta de nacimiento del adulto mayor interno
  • Clave Única de Registro de Población (CURP)
  • Identificación oficial vigente (INE o pasaporte)
  • Comprobante de domicilio del familiar designado para el cobro
  • Carta de designación de representante, validada por la autoridad penitenciaria
  • Constancia de internamiento emitida por el Cereso correspondiente

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Los trámites de incorporación pueden realizarse a través de los Servidores de la Nación que acuden periódicamente a los centros penitenciarios, o bien mediante gestiones que los familiares realizan directamente en las oficinas de la Secretaría del Bienestar en el estado.

Contexto: adultos mayores en el sistema penitenciario de Hidalgo

De acuerdo con datos del sistema penitenciario estatal, Hidalgo cuenta con una población significativa de personas adultas mayores privadas de su libertad. Este sector enfrenta condiciones de vulnerabilidad adicionales debido a su edad, estado de salud y, en muchos casos, situación económica precaria.

La incorporación de este grupo poblacional a la Pensión del Bienestar responde al mandato constitucional establecido en el Artículo 4 de la Constitución Mexicana, que desde 2020 elevó a rango constitucional el derecho de las personas adultas mayores a recibir una pensión no contributiva.

Esta reforma, impulsada durante el gobierno anterior, garantiza que el apoyo económico no puede ser retirado ni condicionado, independientemente de la situación legal o el lugar de residencia del beneficiario, incluyendo a quienes se encuentran en centros de reclusión.

Impacto social del programa en población vulnerable

La llegada de la Pensión del Bienestar a los centros penitenciarios representa un avance en materia de derechos humanos para un sector frecuentemente invisibilizado. Los recursos económicos permiten a los beneficiarios adquirir productos de higiene personal, medicamentos no proporcionados por el sistema de salud penitenciario y otros insumos básicos.

Para las familias de los internos, el apoyo también significa un alivio económico, ya que tradicionalmente son ellas quienes asumen los gastos de manutención adicional de sus familiares recluidos. En algunos casos, los adultos mayores optan por destinar parte de estos recursos al sostenimiento de sus propios hogares.

Organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que este tipo de políticas contribuyen a la dignificación de las personas privadas de la libertad y cumplen con estándares internacionales en materia de trato a poblaciones vulnerables dentro del sistema penitenciario.

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Otros programas sociales disponibles para población indígena reclusa

Cabe mencionar que, según datos recientes, aproximadamente el 6.5 por ciento de las personas privadas de la libertad en Hidalgo pertenecen a pueblos indígenas. Este sector poblacional también puede acceder a programas específicos de atención y, en el caso de adultos mayores, a la Pensión del Bienestar con los mismos derechos que el resto de la población.

Adicionalmente, el gobierno estatal ha implementado pláticas de prevención de fraudes dirigidas a adultos mayores en comunidades de la Huasteca Hidalguense, incluyendo sesiones en lengua náhuatl, para proteger a este sector de estafas relacionadas con programas sociales.

¿Qué sigue para los beneficiarios?

Los adultos mayores que ya están incorporados al programa continuarán recibiendo sus pagos bimestrales de manera regular. El próximo depósito está programado para el periodo septiembre-octubre de 2026, conforme al calendario oficial de pagos establecido por la Secretaría del Bienestar.

Las autoridades penitenciarias de Hidalgo han señalado que mantendrán coordinación permanente con las instancias federales para garantizar que las nuevas incorporaciones se realicen de manera ágil y que los beneficiarios reciban información clara sobre sus derechos dentro del programa.

Para mayor información sobre el programa Pensión del Bienestar, los familiares de personas adultas mayores privadas de la libertad pueden acudir a las oficinas de la Secretaría del Bienestar en Pachuca o comunicarse a la Línea del Bienestar 800 639 42 64, donde recibirán orientación sobre trámites y requisitos específicos para población en situación de reclusión.

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