La Contraloría del estado de Hidalgo inhabilitó a la exsecretaria de Finanzas, Jessica Blancas Hidalgo, por su participación en la contratación de servicios financieros con Banco Accendo, que provocó la pérdida de más de 800 millones de pesos al erario público.
Dicha sanción no solo será aplicable a Blancas Hidalgo, quien ocupó el cargo durante el gobierno de Omar Fayad, sino también a tres exfuncionarios que colaboraron en las decisiones de contratación con el banco:
- César Alberto González López, exsubsecretario de Egresos.
- Juan Luis García Hernández, exdirector general de Ingresos de la Subsecretaría de Egresos.
- Ignacio Valdez Benítez, ex titular de la Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Salud.
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Perjuicio millonario a la hacienda pública
De acuerdo con las resoluciones administrativas, la contratación con Banco Accendo causó un perjuicio a la hacienda pública estatal. Actualmente no es posible disponer de los 863 millones de pesos depositados en la institución financiera.
Dichos recursos permanecen sujetos al procedimiento de liquidación por la revocación de la autorización para operar de la institución bancaria.
La investigación determinó que, a pesar de que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) había emitido alertas y medidas correctivas relacionadas con Accendo, tanto la exsecretaria Jessica Blancas como los otros servidores públicos las omitieron.
Por ello, no se tomaron las acciones necesarias para retirar oportunamente los recursos públicos, exponiéndolos a un riesgo que impide su recuperación inmediata.
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Contexto y consecuencias de la sanción
La contratación con Banco Accendo se realizó años atrás, cuando la institución financiera aún operaba. Sin embargo, perdió su autorización para brindar servicios bancarios y entró en un proceso de liquidación judicial, lo que complicó la recuperación de los fondos depositados por el estado.
La Contraloría estatal dejó claro que la inhabilitación de los exfuncionarios no los exime de otras responsabilidades administrativas, civiles o penales, pues dichas acciones podrían derivarse una vez que concluya el proceso de liquidación y se determine si los activos asegurados del banco son suficientes para cubrir los adeudos pendientes con el gobierno de Hidalgo.
Este caso se suma a otros conflictos alrededor de inversiones de recursos públicos en instituciones bancarias que enfrentan problemas financieros o la revocación de licencias. Además, plantea cuestionamientos sobre la toma de decisiones y el manejo de recursos públicos en gobiernos anteriores.
