El Congreso del Estado de Hidalgo emitió un comunicado oficial en el que se deslindó de toda responsabilidad sobre el uso, destino y aplicación de recursos públicos que fueron entregados a la diputada con licencia María Guadalupe Cruz Montaño.
La legisladora, integrante del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), actualmente es investigada por presuntas irregularidades en el manejo de fondos asignados a su trabajo legislativo y de gestión social.
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Postura del Poder Legislativo
La institución explicó que los recursos en cuestión fueron otorgados con el fin de atender necesidades sociales y apoyar actividades propias del trabajo parlamentario.
La asignación de estos se encontraban en estricto apego a los mecanismos presupuestales vigentes y respaldados por la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Hidalgo, la Ley de Responsabilidades Administrativas y la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El Congreso enfatizó que cada diputada o diputado es responsable de la correcta aplicación, manejo y comprobación de los recursos que se le entregan.
Asimismo, los legisladores deben cumplir con los respectivos plazos, requisitos y disposiciones administrativas señaladas en el llamado Manual de normas y lineamientos.
Por lo tanto, la institución descartó cualquier responsabilidad directa sobre las posibles irregularidades atribuidas a Cruz Montaño.
Señalamientos y proceso de investigación
La investigación se dio a raíz de diversas denuncias mediáticas y acusaciones de que la legisladora podría haber cometido actos de falsificación de documentos y presunto desvío de recursos públicos.
Se le señalaba por simular contratos de arrendamiento y otros servicios con facturas sospechosas que implicarían un uso indebido de fondos públicos del Congreso.
Ante ello, el Órgano Interno de Control del Congreso de Hidalgo inició una investigación administrativa. El objetivo de esta es aclarar cualquier posible malversación de recursos o irregularidad en la documentación presentada por la legisladora.
Dicho proceso se mantiene en una etapa reservada, con el fin de garantizar la seguridad del procedimiento y la presunción de inocencia. El Congreso estatal aseguró que, de encontrarse irregularidades que lo ameriten, se tomarán las medidas que correspondan conforme a la ley.
