La prosperidad no se decreta: se construye con seguridad, legalidad, orden, financiamiento y suma de voluntades. Por eso iniciar en Tijuana la Ruta Nacional por la Prosperidad y la Justicia Económica no fue casualidad. Tijuana es el municipio más poblado de México, con 1,922,523 habitantes registrados en el Censo de 2020; pero también es frontera, industria, comercio, turismo, servicios, exportación, talento y negocios familiares.
Tijuana representa con claridad a la economía real: la que abre temprano, paga nómina, invierte, arriesga, cruza fronteras, atiende clientes, genera empleo y sostiene comunidades.
En esta ruta participaron gobierno, cámaras empresariales, comercio organizado, industria, servicios, turismo, academia, sociedad civil, instituciones de seguridad, empresas grandes y negocios familiares. Lo importante no fue solamente la firma, fue el mensaje de fondo: México no debe acostumbrarse a vivir, invertir, abrir un negocio o trabajar con miedo.
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La ruta tiene tres ejes: seguridad y combate a la extorsión; justicia económica y financiamiento; y disminución de la sobrerregulación. No son temas separados, son parte de una misma agenda sistémica que las cámaras de comercio y la Confederación han impulsado históricamente: seguridad para operar, reglas claras para cumplir, condiciones para crecer y defensa del comercio formal como base de la vida comunitaria.
El primer eje es la seguridad. La extorsión no es un delito aislado, es un impuesto criminal sobre la cadena de valor. Cuando el crimen cobra a una empresa, ese costo termina contaminando precios, distribución, abasto y consumo. Si paga el transportista, sube el flete. Si paga el proveedor, sube el insumo. Si paga el comerciante, sube el precio final. Si paga el restaurante, se frena la contratación. Si paga el negocio familiar, se castiga a una comunidad entera.
La evidencia económica confirma que el crimen no solo afecta a las víctimas directas, también altera mercados, decisiones de inversión, costos de operación y confianza. Las empresas en entornos de violencia destinan más recursos a vigilancia, seguros, logística defensiva y protección, recursos que deberían ir a innovación, capacitación, empleo o expansión.
En México, el costo es enorme. La ENVE 2024 del INEGI, que mide lo ocurrido durante 2023, estimó que la inseguridad y el delito costaron a las unidades económicas 124.3 mil millones de pesos, equivalentes al 0.51% del PIB. De ese monto, 67.2 mil millones correspondieron a medidas preventivas. Es decir, miles de negocios tuvieron que gastar para protegerse antes que para crecer.
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El Pacto contra la Extorsión iniciado en Tijuana aterriza esta preocupación en compromisos concretos. Del lado del Gobierno, plantea calidad en la atención, acompañamiento y protección a las víctimas, prevención, territorialización de acciones, investigación, procuración de justicia, coordinación interinstitucional, espacios seguros, diálogo, tolerancia cero a la corrupción, e innovación tecnológica.
Del lado empresarial, asume compromisos de promoción de la denuncia, solidaridad, comunicación, organización, interlocución, uso de inteligencia y tecnología, reconocimiento, retroalimentación y convocatoria para sumar a más sectores.
También establece líneas de atención y denuncia anónima mediante el 089, disponible las 24 horas, los siete días de la semana. Su objetivo es claro: sumar a la ciudadanía, reducir la incidencia del delito, proteger el patrimonio de personas y comercios, e implementar acciones preventivas y operativas con una visión territorial.
Por eso debe reconocerse la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de noviembre de 2025. Esta ley recoge una demanda urgente del país: establecer un marco nacional para prevenir, investigar y sancionar la extorsión, así como castigar modalidades específicas y conductas de servidores públicos que participen, faciliten información o se coludan con estas prácticas.
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Pero convertir una demanda en derecho positivo vigente no es logro de una sola persona ni de una sola institución, es resultado de una exigencia nacional. Requiere gobierno, legisladores, cámaras empresariales, empresas, negocios familiares, comerciantes, ciudadanía y víctimas que se atrevieron a poner el tema sobre la mesa.
Ahora viene lo más importante: que la ley se aplique, que la denuncia genere confianza, que las víctimas tengan acompañamiento y que exista coordinación permanente. La extorsión ya no puede verse como un problema aislado, es una amenaza directa contra la economía, la libertad y la paz social.
El segundo eje es la justicia económica y el financiamiento. México no puede romper su bajo crecimiento si mantiene un ciclo de desigualdad, pobreza persistente y concentración de oportunidades. La desigualdad no solo es una herida social, también limita el capital físico, social y humano del país.
Por eso impulsar a los negocios familiares, al pequeño comercio, al proveedor local y a la empresa regional no es asistencialismo: es estrategia económica.
Cuando quienes están en la base productiva acceden a crédito, capacitación, digitalización, proveeduría y cadenas de valor, se fortalece el mercado interno, se eleva la productividad, se protege el empleo local y se abre una ruta real de movilidad económica.
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La prosperidad debe sentirse abajo: en el mostrador, en la nómina, en la caja registradora, en el proveedor local, en la familia que vive de su negocio y en la comunidad que depende de que ese negocio siga abierto.
El tercer eje es reducir la sobrerregulación. Cumplir no debe ser una carrera de obstáculos. Esta ha sido una causa histórica de las cámaras de comercio y de la Confederación: que el Estado acompañe al negocio formal, no que lo castigue con duplicidades, criterios discrecionales y trámites interminables.
Por eso también debe reconocerse la Ley Nacional para Eliminar Trámites Burocráticos, enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 16 de julio de 2025. Su objetivo es simplificar, digitalizar, homologar trámites y fortalecer ventanillas digitales para que las personas y empresas puedan cumplir con mayor facilidad y certeza jurídica.
La digitalización también ha sido una demanda insistente de nuestra organización: menos discrecionalidad, menos duplicidad, más certeza y más facilidad para que el negocio formal pueda cumplir.
Pero aquí hay que decirlo con claridad: la ley necesita territorio. Abrir, operar o renovar un negocio no depende solo de la Federación, también requiere municipios comprometidos, ágiles y conscientes de que cada trámite innecesario puede convertirse en una barrera contra la formalidad.
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Por eso, como Confederación, hemos impulsado que los municipios se sumen a la Ventanilla Digital de Establecimientos Mercantiles. La simplificación no puede quedarse en el discurso nacional, debe sentirse en la ventanilla municipal, en la licencia de funcionamiento, en protección civil, en uso de suelo, en anuncios, en permisos y en cada trámite que enfrenta quien quiere trabajar dentro de la ley.
Esta agenda coincide con una visión que la presidenta Claudia Sheinbaum ha colocado sobre la mesa: facilitar la vida de quienes producen, invierten, emprenden y sostienen la economía desde el territorio. Para el sector comercio, servicios y turismo, ese enfoque solo tendrá impacto real si llega a los municipios, a las cámaras locales y a los negocios familiares.
Lo ocurrido en Ensenada confirma que esta ruta no se queda en el discurso. El reordenamiento en la zona de Plaza Cívica y calle Alvarado mostró que la formalidad debe construirse con orden, diálogo, acompañamiento y piso parejo.
La CANACO SERVYTUR Ensenada respaldó la coordinación municipal para recuperar espacios públicos, fortalecer la legalidad, mejorar la movilidad y dar certeza a comerciantes establecidos y ciudadanos. La CONCANACO SERVYTUR también reconoció el avance, subrayando que la formalidad debe impulsarse con simplificación, inclusión, capacitación y acompañamiento, no con confrontación.
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Ese es el punto central: no se trata de enfrentar a quien busca sustento, sino de construir una ruta clara para que todos puedan competir con reglas justas. El comercio formal no pide privilegios, pide seguridad, trámites simples, financiamiento, respeto a quien invierte y condiciones para que más personas puedan integrarse a la legalidad.
La economía real necesita autoridad, cámaras, empresas, academia y sociedad civil trabajando en una misma dirección. La extorsión se combate con denuncia, coordinación, tecnología, atención a víctimas y aplicación de la ley. La informalidad se reduce con orden y oportunidades. La prosperidad se construye cuando cumplir deja de ser una carga y se convierte en el camino más sencillo para crecer.
Este esfuerzo no es de un día ni de una sola firma. Es la suma de voluntades de quienes entienden que México no se fortalece desde el escritorio, sino desde sus municipios, desde sus mercados, comercios, restaurantes, hoteles, talleres, tiendas, agencias, empresas familiares y calles donde todos los días se sostiene la vida económica del país.
La Ruta Nacional por la Prosperidad y la Justicia Económica inicia con una convicción clara: proteger a un negocio familiar es proteger una historia de esfuerzo, ordenar el comercio es defender la competencia justa, abrir acceso al financiamiento es romper ciclos de desigualdad, reducir trámites es cerrar espacios a la discrecionalidad, y combatir la extorsión es defender la libertad más elemental: vivir, trabajar, invertir y prosperar sin miedo.
México no puede acostumbrarse a sobrevivir bajo amenaza. México debe volver a trabajar con confianza. Y esa confianza se construye con ley, con orden, con justicia económica y con una alianza nacional que ponga al centro a quienes todos los días levantan la cortina y hacen caminar al país.
