El Congreso de Hidalgo dio un paso decisivo para fortalecer la protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes al aprobar la reforma al artículo 141 bis de la Ley para la Familia, que establece que el registro de deudores alimentarios morosos será público. Esta medida representa un avance trascendental en la lucha contra la violencia económica y en la construcción de un sistema más transparente y justo en materia de pensión alimenticia en la entidad.
¿Qué cambia con la reforma al artículo 141 bis?
La modificación aprobada por las y los legisladores hidalguenses establece que una persona obligada a otorgar pensión alimenticia será inscrita en el registro de deudores alimentarios si incumple por un periodo de 90 días, ya sea de manera consecutiva o no.
No obstante, existe una excepción: si el obligado demuestra estar al corriente o regulariza su adeudo antes de que se confirme la falta, podrá evitar su inclusión en el catálogo.
Esta disposición busca incentivar el cumplimiento oportuno y evitar que quienes adeudan recursos fundamentales para la subsistencia de sus hijos continúen en la impunidad.
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Inscripción inmediata y mayor transparencia
Una vez comprobado el incumplimiento, el juez de lo familiar deberá ordenar de inmediato la inscripción del deudor en el registro público.
La publicación de este listado incrementará la transparencia en un tema históricamente ignorado y permitirá que instituciones, autoridades y ciudadanía identifiquen a quienes incumplen con su responsabilidad alimentaria, sin divulgar datos personales sensibles.
Impacto social de la reforma: Un acto de justicia para las infancias
La iniciativa la impulsó la diputada Tania Meza Escorza, quien destacó que visibilizar a los deudores alimentarios morosos es indispensable para proteger a la niñez:
“No podemos seguir normalizando una forma de violencia que perjudica directamente a nuestras infancias”, afirmó.
Al igual que en entidades como Oaxaca y Puebla, donde reformas similares han reducido la impunidad en esta materia, Hidalgo se suma a los esfuerzos nacionales inspirados en la llamada Ley Sabina, cuyo objetivo es combatir la violencia económica y garantizar que las personas menores de edad ejerzan plenamente sus derechos.
