La promesa de erradicar la corrupción que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia en 2018 enfrenta hoy un cuestionamiento creciente. Diversos integrantes de Morena, colaboradores cercanos e incluso familiares del expresidente han sido objeto de señalamientos, denuncias e investigaciones periodísticas por presuntos actos ilícitos, vínculos con el crimen organizado y otras irregularidades que, hasta el momento, no han derivado en procesos penales formales.
En contraste, políticos de la oposición enfrentan investigaciones activas, órdenes de aprehensión y solicitudes de comparecencia por parte de la Fiscalía General de la República (FGR). Esta disparidad ha alimentado el debate sobre un posible trato diferenciado en la aplicación de la justicia mexicana.
El caso Rocha Moya: solicitud de extradición sin consecuencias internas
El expediente más polémico involucra al gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien enfrenta una solicitud de extradición por parte de autoridades estadounidenses por presuntos nexos con el narcotráfico. El Gobierno de Estados Unidos también señaló al senador Enrique Inzunza y a otros funcionarios locales de mantener vínculos con el Cártel de Sinaloa.
Sin embargo, el gobierno de Claudia Sheinbaum ha señalado que necesita pruebas contundentes para actuar. Fuentes cercanas al caso indican que Rocha Moya podría incluso retomar sus funciones como gobernador a finales de julio de 2026, lo que ha generado indignación entre sectores de la oposición y organizaciones civiles.
La dirigencia de Morena ha defendido a sus cuadros al sostener que las acusaciones carecen de sustento probatorio o responden a intereses políticos externos, particularmente de Washington. Esta postura contrasta con la velocidad con que avanzan los procesos contra figuras del PAN y otros partidos.
García Cabeza de Vaca: prófugo o perseguido político
El exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, se ha convertido en uno de los blancos principales de las investigaciones durante los gobiernos de Morena. Enfrenta cargos por delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso ilícito de atribuciones ante la FGR.
El caso volvió a los reflectores cuando la presidenta Sheinbaum recordó en su conferencia matutina que el exmandatario panista se encuentra prófugo de la justicia, viviendo en Estados Unidos gracias a su doble nacionalidad, con órdenes de aprehensión pendientes.
“Es un hombre que está siendo buscado por la ley”
Claudia Sheinbaum, presidenta de México
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García Cabeza de Vaca respondió a través de redes sociales, rechazando su condición de prófugo y denunciando que es víctima de persecución política. Según su versión, se volvió incómodo para el régimen tras denunciar en 2019 una red de huachicol de grandes proporciones en la que habrían participado funcionarios federales y morenistas.
El exgobernador acusó que el gobierno usa su nombre para desviar la atención de los señalamientos contra lo que él denomina “narcogobernadores” de Morena, en clara referencia a Rocha Moya.
Maru Campos y el escándalo de la CIA
Otro caso que ha concentrado la atención de las autoridades federales involucra a la gobernadora panista de Chihuahua, Maru Campos. El 21 de abril se reportó la muerte de cinco personas en un accidente automovilístico en la sierra Tarahumara. Dos de los fallecidos eran agentes estadounidenses de la Agencia Central de Inteligencia (CIA), quienes habrían participado en un operativo para asegurar un narcolaboratorio.
El gobierno mexicano expresó preocupación porque la participación de los agentes extranjeros no había sido informada ni se había llevado a cabo conforme a los protocolos establecidos por la ley. La atención recayó rápidamente sobre la mandataria estatal.
Legisladores de Morena reaccionaron de inmediato: solicitaron una comparecencia en el Congreso Local y plantearon la posibilidad de iniciar un juicio político contra Campos, acusándola de traición. La gobernadora acudió a la FGR el 27 de mayo para declarar sobre el asunto.
“Una servidora no gestionó, no autorizó y tampoco sabía ni tenía conocimiento de que había agentes norteamericanos en suelo chihuahuense”
Maru Campos, gobernadora de Chihuahua
El contraste: señalamientos contra Morena sin consecuencias
Mientras los casos contra opositores avanzan con celeridad, diversos señalamientos contra figuras del oficialismo permanecen sin judicializar. Entre los expedientes más sonados se encuentran:
- Los videos de Pío López Obrador recibiendo dinero en efectivo presuntamente para campañas de Morena
- Investigaciones periodísticas sobre contratos irregulares durante la construcción del Tren Maya
- Señalamientos de enriquecimiento inexplicable contra funcionarios de primer nivel
- Denuncias por conflictos de interés en licitaciones públicas
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En ninguno de estos casos se han emitido órdenes de aprehensión ni se han formalizado procesos penales, lo que contrasta con la rapidez con que se actúa contra políticos de oposición.
¿Qué significa para los mexicanos?
El debate sobre la aplicación selectiva de la justicia tiene implicaciones profundas para la democracia mexicana. La percepción de que el sistema judicial funciona de manera diferenciada según la filiación política del investigado erosiona la confianza ciudadana en las instituciones.
Organizaciones de la sociedad civil han señalado que esta situación reproduce los patrones que Morena prometió erradicar cuando llegó al poder. El lema de que “no son iguales” pierde credibilidad cuando los señalamientos contra el partido gobernante no reciben el mismo tratamiento que las acusaciones contra la oposición.
Lo que viene
El caso de Rubén Rocha Moya será determinante en las próximas semanas. Si el gobernador con licencia retoma sus funciones sin enfrentar consecuencias legales, se intensificarán las críticas sobre el doble rasero en la procuración de justicia.
Por su parte, García Cabeza de Vaca y Maru Campos continúan enfrentando procesos que podrían escalar en los próximos meses. La oposición insiste en que estas investigaciones tienen motivaciones políticas, mientras el gobierno federal sostiene que simplemente se está aplicando la ley sin distinciones.
Lo cierto es que la promesa de combatir la corrupción sigue siendo una asignatura pendiente, independientemente de quién gobierne. Los mexicanos observan con escepticismo cómo los escándalos se multiplican mientras las condenas siguen siendo escasas.
