La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, aseguró que la Fiscalía General de la República (FGR) no ha logrado presentar pruebas contundentes que vinculen a su cliente con los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos por los que permanece en prisión preventiva.
El abogado Fernando Gómez Mont, quien encabeza la defensa legal del exmandatario panista, declaró que a pesar de que la FGR expuso durante varias horas una extensa cantidad de documentos, ninguno de ellos demuestra la participación directa de Ruffo Appel en la operación de transporte de combustible que investiga la autoridad federal.
“Hoy por hoy esta defensa no escuchó dentro de lo que se le presentó en las horas pasadas nada que se parezca a lo que se dijo en la conferencia de prensa”
Fernando Gómez Mont, abogado defensor
El litigante también cuestionó que la audiencia se mantuviera bajo reserva por motivos de seguridad nacional, ya que según su criterio, la información presentada no justificaba tal medida.
Ruffo es accionista minoritario, no operador de la empresa
Gómez Mont explicó que Ernesto Ruffo posee únicamente el 30 por ciento de las acciones de Ingemar, empresa que contaba con los permisos correspondientes para importar combustible de manera legal. Sin embargo, enfatizó que el exgobernador no participaba en la logística ni en las operaciones de transporte.
“Apenas estamos revisando los documentos, pero de ninguna manera ni tiene el control ni la mayoría para decidir sobre lo que hace esa empresa”
Fernando Gómez Mont, abogado defensor
La estrategia de la defensa sostiene que no existen documentos que acrediten que Ruffo Appel tuviera conocimiento de un presunto ingreso irregular de gasolina o que obtuviera ganancias derivadas de actividades ilícitas.
El abogado fue contundente al afirmar que el único vínculo de su cliente con el caso es su condición de accionista de una empresa que operaba con permisos legales para la importación de hidrocarburos.
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Defensa responsabiliza a empresa transportista
En un intento por deslindar a su cliente, Gómez Mont señaló que la empresa Ingemar únicamente contrató los servicios de una compañía transportista para introducir el combustible que tenía autorizado importar.
Según esta versión, si existió un ingreso adicional de hidrocarburos fuera de los permisos otorgados, la responsabilidad recaería en la empresa transportista, el importador y el agente aduanero, mas no en los accionistas de Ingemar.
“El contrabando es un hecho material… aquí de lo que nos dicen es que tratándose de aprovechar los permisos legítimos de nuestros clientes, el transportador quiso meter miles y miles de litros de petróleo… ese es un tema del importador y del agente aduanero, pero no del cliente”
Fernando Gómez Mont, abogado defensor
Esta línea argumentativa busca establecer que la responsabilidad penal, en caso de existir contrabando, debe recaer sobre quienes materialmente ejecutaron el traslado irregular de combustible y no sobre los accionistas que desconocían dichas operaciones.
Niegan prisión domiciliaria al exgobernador
Durante la audiencia, la defensa solicitó que Ernesto Ruffo pudiera enfrentar el proceso judicial desde su domicilio, argumentando su avanzada edad. Sin embargo, la petición fue rechazada por la autoridad judicial.
Gómez Mont confirmó que únicamente dos de los imputados de mayor edad lograron obtener el beneficio de prisión domiciliaria por razones humanitarias. El resto de los detenidos, incluido Ruffo Appel, permanecerán sujetos a la medida cautelar de prisión preventiva impuesta por el juez de control.
El exgobernador fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social Número 1, conocido como El Altiplano, ubicado en el Estado de México, uno de los penales de máxima seguridad más importantes del país.
Contexto del caso: la red de huachicol
La detención de Ernesto Ruffo Appel se enmarca en una investigación federal que busca desarticular una presunta red de contrabando de combustible que operaba mediante el aprovechamiento de permisos legales de importación para introducir cantidades adicionales de hidrocarburos sin pagar los impuestos correspondientes.
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El huachicol, término coloquial para referirse al robo y contrabando de combustible, representa uno de los delitos que más afectan las finanzas públicas de México. Según estimaciones oficiales, el país pierde miles de millones de pesos anuales por esta actividad ilícita.
Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en la historia de México al ganar la gubernatura de Baja California en 1989 abanderando al Partido Acción Nacional (PAN), enfrenta ahora uno de los momentos más difíciles de su carrera política.
¿Qué sigue en el proceso?
El proceso judicial contra Ernesto Ruffo y los demás imputados continuará su curso en las próximas semanas. La defensa deberá analizar a detalle los documentos presentados por la FGR para preparar su estrategia de contraargumentación.
El equipo legal del exgobernador ha adelantado que buscará todos los recursos legales disponibles para demostrar la inocencia de su cliente, incluyendo la posibilidad de interponer amparos contra la medida cautelar impuesta.
La familia de Ruffo Appel, encabezada por su hija Verónica Ruffo, ha exigido públicamente un proceso justo y transparente, denunciando que el exmandatario permanece privado de la libertad sin que se hayan valorado adecuadamente las pruebas en su contra.
El caso de Ernesto Ruffo pone nuevamente en el centro del debate la problemática del contrabando de hidrocarburos en México y las estrategias gubernamentales para combatirlo, así como los límites de la responsabilidad penal de los accionistas de empresas involucradas en presuntas actividades ilícitas.
