Un juez federal dictó prisión preventiva contra el exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, y otros siete imputados por su presunta participación en los delitos de delincuencia organizada y contrabando de hidrocarburos, en uno de los casos más relevantes en materia de combate al huachicol fiscal en lo que va del sexenio de Claudia Sheinbaum.
La audiencia inicial se prolongó por más de 24 horas y, tras la presentación de cerca de un centenar de datos de prueba por parte del Ministerio Público Federal, el juzgador determinó imponer distintas medidas cautelares a los acusados mientras continúa el proceso penal en su contra.
La Fiscalía General de la República (FGR) informó que esta investigación de alta complejidad se desarrolló en coordinación con el Gabinete de Seguridad del gobierno federal, y está relacionada con operaciones presuntamente irregulares de importación, distribución y comercialización de productos derivados del petróleo.
¿Quiénes permanecerán en prisión preventiva?
De acuerdo con el comunicado oficial de la FGR, Ernesto Ruffo Appel permanecerá recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México, considerado el penal de máxima seguridad más importante del país.
Junto al exmandatario panista, también fueron enviados a este centro penitenciario los siguientes imputados:
- Ricardo Thompson Navarro
- José Merino Valdés Cuervo
- Juan Hermilo Chávez Rodríguez
- Luis Antonio Barrientos Juárez
En tanto, José María de la Peña Ramos y Guillermo de la Peña Rosales enfrentarán el proceso desde sus domicilios debido a motivos de salud, mientras que Adriana Magali Bárcenas Guillén permanecerá interna en el CERESO Nezahualcóyotl Sur.
La dependencia agregó que las defensas de los imputados solicitaron la duplicidad del término constitucional, por lo que será en una audiencia posterior cuando el juez determine si son vinculados o no a proceso.
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El esquema de contrabando de hidrocarburos
Según la investigación de la FGR, el esquema delictivo consistía en introducir combustible al país mediante declaraciones falsas o incompletas en las aduanas, reportando menores volúmenes de los realmente transportados o declarando el producto como una mercancía distinta para evadir el pago de impuestos.
Esta modalidad de fraude fiscal, conocida coloquialmente como huachicol fiscal, representa una variante del robo tradicional de combustibles, pero operada desde la legalidad aparente de las importaciones y el comercio exterior.
De acuerdo con la Fiscalía, este tipo de prácticas genera una afectación económica considerable para el Estado mexicano y, además, representa una fuente de financiamiento para organizaciones criminales que operan en diversas regiones del país.
Contexto: el combate al huachicol como prioridad federal
El caso de Ernesto Ruffo se inscribe en una estrategia más amplia del gobierno federal para combatir el robo y contrabando de hidrocarburos, política que inició durante la administración de Andrés Manuel López Obrador y que ha continuado bajo el mandato de Claudia Sheinbaum.
Durante el sexenio pasado, el combate al huachicol fue una de las banderas más emblemáticas, con operativos en Hidalgo, Guanajuato, Puebla y otras entidades donde las tomas clandestinas de ductos de Pemex representaban pérdidas millonarias para las arcas públicas.
Sin embargo, el caso que involucra al exgobernador panista representa una dimensión distinta del problema: el contrabando fiscal a través de importaciones legales, lo que implica la participación de empresarios, operadores aduanales y, presuntamente, funcionarios públicos de alto nivel.
¿Quién es Ernesto Ruffo Appel?
Ernesto Ruffo Appel fue gobernador de Baja California de 1989 a 1995, convirtiéndose en el primer mandatario estatal de oposición en la historia moderna de México. Su triunfo electoral marcó un hito en la democratización del país y representó la primera derrota del PRI a nivel gubernatura.
Posteriormente, ocupó un escaño en el Senado de la República en dos ocasiones y fue una figura relevante en el Partido Acción Nacional durante las décadas de los noventa y dos mil. Su detención ha generado reacciones encontradas en el ámbito político nacional.
Reacciones políticas y acusaciones cruzadas
La detención del exgobernador ha generado un intenso debate político. El expresidente Felipe Calderón Hinojosa denunció públicamente la existencia de una “justicia selectiva” en el caso, señalando que el gobierno de Sheinbaum estaría utilizando las instituciones para perseguir a opositores.
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Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum negó “absolutamente” estas acusaciones y sostuvo que la investigación sigue su curso legal sin intervención del Poder Ejecutivo.
Verónica Ruffo, hija del exgobernador, exigió un proceso “justo” y denunció que su padre permanece privado de la libertad sin que un juez haya valorado adecuadamente las pruebas en su contra.
En el ámbito legislativo, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, afirmó que la captura de Ruffo “desató el pánico” en la oposición, mientras que legisladores del PRI exigieron que también se investiguen a funcionarios vinculados al partido gobernante.
Presunción de inocencia y próximos pasos
La FGR recordó que todas las personas imputadas gozan de la presunción de inocencia y que su responsabilidad únicamente podrá determinarse mediante una sentencia firme emitida por la autoridad judicial competente.
El siguiente paso en el proceso será la audiencia de vinculación a proceso, donde el juez evaluará si existen elementos suficientes para continuar con la investigación formal. De ser vinculados, los imputados podrían enfrentar penas de prisión que van de los 5 a los 15 años por el delito de contrabando, más las sanciones correspondientes por delincuencia organizada.
Este caso representa uno de los más emblemáticos en la actual administración federal y será seguido de cerca tanto por la opinión pública como por actores políticos de todas las fuerzas, dado el perfil del principal imputado y las implicaciones que podría tener para otros personajes del ámbito empresarial y político.
GrupoHoyMexico.com continuará informando sobre el desarrollo de este caso conforme avance el proceso judicial.
