La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó el artículo 29 bis, párrafo tercero, de la Ley de Obras Públicas del Estado de Tlaxcala.
Este artículo otorgaba a la Secretaría de Finanzas la facultad de preseleccionar, suspender o cancelar a contratistas de obra pública mediante un “Padrón Único de Contratistas”, lo que limitaba la autonomía de los ayuntamientos para adjudicar proyectos con recursos propios.
La SCJN determinó que esta disposición violaba el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al invadir atribuciones municipales y favorecer a “ciertos” contratistas.
