La organización civil Causa en Común presentó el informe Galería del horror: atrocidades y eventos de alto impacto registrados en medios periodísticos (enero-junio, 2026), donde documenta al menos 2,529 crímenes de extrema violencia cometidos en México durante el primer semestre del año. Las entidades con mayor incidencia son Sinaloa, Michoacán, Guerrero, Guanajuato y Chihuahua.
El estudio, dado a conocer este 17 de julio desde Oaxaca de Juárez, define como atrocidad el uso intencional de la fuerza para causar muerte con extrema violencia o crueldad, provocar decesos masivos, victimizar a personas vulnerables o generar terror en la población. Los datos revelan un panorama crítico para la seguridad nacional que demanda atención urgente de las autoridades federales y estatales.
14 atrocidades diarias en territorio mexicano
De acuerdo con el análisis de Causa en Común, durante los primeros seis meses de 2026 se registraron en promedio 14 atrocidades y eventos de alto impacto cada día. Esta cifra representa una tendencia sostenida de violencia extrema que afecta a comunidades en todo el país, aunque con mayor concentración en ciertas regiones.
Entre los hallazgos más alarmantes del informe destacan:
- 658 casos de asesinatos con tortura
- 290 casos de mujeres asesinadas con crueldad extrema
- 242 actos violentos contra la autoridad
- 193 fosas clandestinas localizadas
- 156 masacres documentadas
- 154 casos de mutilación, descuartizamiento y destrucción de cadáveres
En términos de frecuencia diaria, el informe señala que se halló al menos una fosa clandestina por día, se cometió un asesinato de mujer con crueldad extrema diariamente y ocurrieron cuatro asesinatos con tortura en cada jornada. Estas cifras evidencian la magnitud de la crisis de seguridad que atraviesa el país.
Sinaloa encabeza la lista con 326 casos
La distribución geográfica de las atrocidades muestra una concentración significativa en cinco estados. Sinaloa lidera la estadística con 326 casos, seguido de Michoacán con 180, Guerrero con 149, Guanajuato con 143 y Chihuahua con 140 eventos documentados durante el semestre.
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El informe advierte que estas cifras podrían representar solo una fracción de la realidad. La violencia contra periodistas y el control territorial ejercido por grupos del crimen organizado en diversas regiones implican un subregistro significativo de casos. Muchas atrocidades nunca llegan a documentarse debido al silencio impuesto por el miedo.
Respecto a las jornadas de violencia, el estudio contabilizó al menos 199 episodios durante el periodo, lo que equivale a prácticamente una jornada de terror cada día. Michoacán concentró 27 de estos eventos, Jalisco registró 18 y Sinaloa sumó 16.
Casos emblemáticos que marcaron el semestre
El informe de Causa en Común incluye una cronología de crímenes que ilustran la gravedad de la situación. El 5 de enero, tres personas fueron asesinadas en Mérida, Yucatán, una entidad tradicionalmente considerada de baja incidencia delictiva, lo que evidencia la expansión de la violencia a nuevos territorios.
Entre el 22 y 28 de febrero, tras la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, se desataron al menos 113 jornadas de violencia en 25 estados. Durante esa semana se registraron asesinatos de policías, incendios de vehículos y locales comerciales, así como bloqueos que paralizaron vialidades en buena parte del país.
El 24 de marzo, un alumno mató a dos maestras en Lázaro Cárdenas, Michoacán, un hecho que conmocionó a la comunidad educativa nacional. Un mes después, el 14 de abril, se localizaron al menos 1,076 restos óseos en Tláhuac, alcaldía de la Ciudad de México, revelando la presencia de fosas clandestinas incluso en la capital del país.
El 6 de mayo, habitantes indígenas de Chilapa, Guerrero, denunciaron la incursión de grupos armados que provocaron balaceras, saqueos y el desplazamiento forzado de familias enteras. Este patrón de violencia contra comunidades originarias refleja una crisis humanitaria en zonas históricamente marginadas.
Uno de los casos más impactantes ocurrió el 25 de junio, cuando fueron localizados los restos de la periodista Roxana Guzmán, quien había sido secuestrada, torturada y calcinada en Moloacán, Veracruz. Este feminicidio se suma a la larga lista de comunicadores asesinados en el país.
Propuestas para enfrentar la crisis de violencia
Ante este panorama devastador, Causa en Común presentó una serie de recomendaciones dirigidas al Gobierno de México y a las autoridades estatales. La organización plantea medidas estructurales para transformar el sistema de seguridad y justicia.
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Entre las propuestas principales se encuentran:
- Fortalecer las instituciones de seguridad, procuración de justicia y el sistema penitenciario con mayores presupuestos para reclutamiento, profesionalización, equipamiento e infraestructura
- Impulsar un proceso de justicia transicional para esclarecer casos emblemáticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos
- Reconstruir el Poder Judicial con base en principios de independencia, meritocracia y profesionalismo
- Recuperar la autonomía de la CNDH y construir capacidades para atender a víctimas, buscar personas desaparecidas e identificar restos humanos
- Promover programas de prevención de la violencia basados en desarrollo local y denuncia ciudadana
Contexto nacional de inseguridad persistente
El informe de Causa en Común se publica en un contexto donde la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum ha mantenido la estrategia de seguridad heredada del gobierno anterior, con énfasis en el despliegue de la Guardia Nacional bajo control militar.
Los datos presentados contrastan con los reportes oficiales de disminución de homicidios. Mientras que las estadísticas gubernamentales suelen enfocarse en cifras totales de asesinatos, el análisis de atrocidades revela patrones de crueldad extrema que van más allá de los números.
Para los lectores mexicanos, estas cifras representan más que estadísticas: son comunidades enteras viviendo bajo el terror, familias desplazadas, periodistas silenciados y una erosión constante del tejido social. La documentación de estos crímenes busca romper el ciclo de normalización de la violencia.
El siguiente paso será observar la respuesta del gobierno federal ante este informe. Las organizaciones civiles esperan que los datos sirvan como base para replantear políticas públicas de seguridad. Mientras tanto, la documentación continúa como herramienta fundamental para exigir justicia y memoria histórica.
