Pobladores de Mochitlán y Quechultenango, en la región Centro de Guerrero, retuvieron a 29 elementos de seguridad y quemaron al menos dos patrullas la tarde del 17 de septiembre, durante un despliegue de fuerzas federales y estatales en la zona. Los ayuntamientos de ambos municipios se deslindaron públicamente de los hechos, mientras las autoridades estatales y federales ofrecen versiones distintas sobre lo que realmente ocurrió.
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Antes de morir, Eduardo Bustos Pérez denunció en un video la presunta colusión entre mandos militares, la fiscalía estatal y el grupo criminal Los Tlacos.
El asesinato que detonó la respuesta federal
El despliegue de seguridad en la región no ocurrió en el vacío. El 5 de septiembre, el cuerpo del agente de la Guardia Nacional Eduardo Bustos Pérez fue hallado junto con el de otras tres personas y un mensaje narco sobre la carretera Tierra Colorada-Plan de Lima, en el municipio de Juan R. Escudero. Bustos había sido privado de la libertad mientras estaba de descanso en su casa.
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Antes de morir, el agente denunció en un video difundido en redes sociales una presunta red de colusión entre mandos militares, funcionarios de la fiscalía estatal y el grupo criminal Los Tlacos. En la grabación, aseguró que su superior directo, identificado como “Cabo Medina”, le había ordenado vigilar al grupo criminal Los Ardillos en Xaltianguis, y que ese mando militar estaba vinculado con un funcionario de la fiscalía especializada en delitos graves al que identificó como “El Montoro”. Tras su muerte, la Secretaría de la Defensa Nacional movilizó a 284 elementos, dos aeronaves y 36 vehículos a la región, y el mismo 5 de septiembre se detuvo a 16 presuntos integrantes de Los Ardillos en Acapulco.
Bloqueos, patrullas quemadas y 29 uniformados retenidos
El 17 de septiembre, personal militar y policial que se desplazaba por Mochitlán y Quechultenango se topó con bloqueos improvisados con camiones de carga y maquinaria pesada. Conforme la tensión escaló, grupos armados confrontaron a los uniformados, los desarmaron y retuvieron durante varias horas a 16 militares y 13 policías estatales, un total de 29 elementos. Durante los enfrentamientos también resultaron dañados varios vehículos oficiales y al menos dos patrullas fueron incendiadas, una de ellas de la Guardia Nacional. Los uniformados fueron liberados alrededor de las 18:00 horas, luego de una negociación entre autoridades estatales y las presidencias municipales.
¿Hubo operativo o no? Versiones que no coinciden
Las versiones oficiales sobre lo ocurrido no coinciden. Fuentes de seguridad señalaron que el despliegue formaba parte de acciones dirigidas contra las policías municipales de ambas localidades, presuntamente vinculadas a grupos del crimen organizado, con alrededor de 17 elementos municipales detenidos por esa causa. Sin embargo, Francisco Rodríguez Cisneros, subsecretario de Desarrollo Político y Social del gobierno estatal, ofreció una versión distinta: aseguró que “no hubo ningún operativo en los municipios de Quechultenango y Mochitlán, sino que personal de seguridad transitaba por la zona como todos los días”, y dijo desconocer qué motivó la agresión de los pobladores.
Los ayuntamientos, por su parte, se deslindaron de los hechos de violencia. El gobierno municipal de Mochitlán, encabezado por el alcalde Gerardo Mosso, afirmó que “el Gobierno Municipal de Mochitlán no participó en estos hechos” y que informó a la mesa de seguridad conforme se desarrollaban los acontecimientos. La administración de Quechultenango, a cargo del alcalde David Astudillo, sostuvo que actuó dentro de sus facultades a través del diálogo y remarcó que “el Gobierno Municipal no convocó, organizó, instruyó, ni promovió actos de confrontación”. Casi 24 horas después de la violencia, las autoridades de Guerrero no habían confirmado cifras oficiales de heridos ni de daños materiales.
