El secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Markwayne Mullin, lanzó este viernes una advertencia directa a funcionarios electorales estatales: quienes no acaten las directrices de la administración Trump para depurar los padrones de votantes podrían enfrentar hasta cinco años de prisión y multas de hasta 250 mil dólares.
Desde el Edificio de Oficinas Ejecutivas Eisenhower, junto a la Casa Blanca, Mullin amplió las declaraciones que el presidente Donald Trump realizó la noche anterior sobre la integridad electoral. El funcionario afirmó que el Departamento de Seguridad Nacional ha identificado preliminarmente a más de 250 mil personas no ciudadanas inscritas en los padrones electorales de al menos cuatro estados.
California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania en la mira
Los estados señalados por la administración Trump son California, Nueva Jersey, Nevada y Pensilvania, todos ellos con alta población migrante y considerados clave en procesos electorales. Mullin exigió que las autoridades estatales verifiquen sus listas de votantes utilizando una base de datos federal administrada por el Departamento de Seguridad Nacional.
El secretario advirtió que los estados que se nieguen a cooperar perderán acceso a fondos federales destinados a la administración electoral.
“Necesitamos asegurarnos de que las personas que legalmente pueden votar sean quienes voten. Si eres ilegal e intentaste votar, o trataste de votar ilegalmente por otra persona, te encontraremos y te acusaremos”
Markwayne Mullin, secretario de Seguridad Nacional
Base de datos cuestionada por juez federal
Sin embargo, el uso de la base de datos del Departamento de Seguridad Nacional enfrenta obstáculos legales significativos. Un juez federal bloqueó su utilización tras determinar que reutilizarla para fines electorales viola las normas sobre divulgación de registros del Seguro Social.
Originalmente, esta base de datos fue diseñada para evaluar beneficios migratorios, no para verificar padrones electorales. Expertos en derechos electorales han documentado que el sistema presenta errores frecuentes, señalando erróneamente a ciudadanos recién naturalizados como votantes no elegibles.
Organizaciones defensoras del voto advierten que el uso de esta herramienta podría resultar en la eliminación injustificada de votantes legítimos de los padrones, afectando particularmente a comunidades latinas y de origen inmigrante.
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Expertos cuestionan las afirmaciones
El especialista en derecho electoral Rick Hasen puso en duda las afirmaciones de la administración Trump. Según el experto, si el gobierno tuviera evidencia real de votación por parte de no ciudadanos, ya existirían acusaciones formales.
“Si su gobierno tuviera evidencia real de votación de no ciudadanos, habría acusaciones. Trump ha estado presionando a los fiscales federales para que presenten tales casos, y el hecho de que no lo haya hecho demuestra que estas afirmaciones probablemente no tienen fundamento”
Rick Hasen, experto en derecho electoral
Los expertos en sistemas electorales coinciden en que, aunque pueden existir casos aislados de registro indebido, estos son extremadamente raros. Además, el sistema electoral descentralizado de Estados Unidos funciona como salvaguarda contra manipulaciones a gran escala.
Contexto de presión sobre el sistema electoral
Las declaraciones de Mullin se producen en un contexto de creciente presión de la administración Trump sobre el sistema electoral estadounidense, a pocos meses de las elecciones intermedias. El presidente continúa afirmando que los comicios de 2020 fueron “sucios” y “amañados”, pese a que miembros de su propio gabinete declararon públicamente que no hubo fraude generalizado.
En enero pasado, el FBI realizó un operativo en un centro electoral del condado de Fulton, Georgia —estado que Trump perdió en 2020— incautando boletas electorales. El Departamento de Justicia también ha demandado a varios estados para obtener datos de padrones de votantes.
La División de Derechos Civiles del Departamento de Justicia envió cartas a funcionarios electorales de todo el país advirtiendo sobre sanciones penales por mantener a sabiendas a no ciudadanos en los padrones.
Desmantelamiento de instituciones de seguridad electoral
Paralelamente, la administración Trump ha debilitado las instituciones encargadas de la seguridad electoral. El presidente despidió a decenas de funcionarios de la Agencia de Seguridad de Infraestructura y Ciberseguridad, organismo responsable de proteger los comicios contra amenazas digitales.
También destituyó a la dirigencia restante de la Comisión de Asistencia Electoral, entidad que financia las elecciones estatales y sirve como centro de información para más de 10 mil jurisdicciones electorales en el país.
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Próximos pasos anunciados
Mullin adelantó que funcionarios del Departamento de Seguridad Nacional revisarán registros electorales tanto antes como después de las elecciones intermedias, buscando votos de no ciudadanos y de personas fallecidas.
Cabe señalar que los padrones electorales estadounidenses están diseñados para el registro, no para la eliminación de votantes. Esto significa que siempre existen votantes fallecidos en las listas mientras los funcionarios realizan el mantenimiento correspondiente, un proceso que requiere tiempo.
El secretario también anunció que Trump ordenó al equipo de ciberseguridad del departamento publicar un plan actualizado de infraestructura electoral dentro de los próximos 30 días.
Implicaciones para México y la comunidad mexicana en EUA
Las medidas anunciadas generan preocupación entre las comunidades de origen mexicano en Estados Unidos. Organizaciones civiles temen que las verificaciones masivas de padrones puedan utilizarse para intimidar a votantes latinos, particularmente a ciudadanos naturalizados que podrían ser erróneamente señalados por el sistema.
La Secretaría de Relaciones Exteriores de México no se ha pronunciado sobre estas declaraciones, aunque la red consular mexicana en Estados Unidos ha intensificado sus servicios de orientación legal para connacionales en los últimos meses ante el endurecimiento de las políticas migratorias.
Las elecciones intermedias en Estados Unidos se celebrarán en noviembre, y las tensiones en torno a la integridad electoral prometen intensificarse conforme se acerque la fecha. Expertos advierten que el verdadero riesgo no es el fraude electoral masivo —estadísticamente insignificante— sino la erosión de la confianza pública en el sistema democrático.
