El gobierno de Layda Sansores detuvo un joven durante el desfile del carnaval de Ciudad del Carmen porque usó una botarga que hacía alusión a su sobrino. El acto desató críticas por presunto abuso de autoridad y posibles motivaciones políticas en el estado.
Aramis González Barrera quedó en manos de policías municipales mientras participaba en el desfile con una botarga que hacía referencia a Gerardo Sánchez Sansores, conocido como “Seso Loco”. El joven salió libre tras el pago de una multa de 4 mil 106 pesos. De acuerdo con la boleta de infracción, la detención se debió a supuestas faltas como “causar escándalo”, “provocar riñas” y “faltas a la autoridad”.
Layda Sansores detiene a joven que usó botarga de su sobrino
Familiares de González Barrera sostienen que nunca hubo incidentes ni agresiones y que la intervención policial fue arbitraria. Denunciaron que el joven participó sin problemas en los desfiles del sábado, domingo y lunes, pero que en el último recorrido, el martes, fue interceptado por uniformados que le retiraron la botarga de manera violenta.
Los allegados al joven detenido por el gobierno de Layda Sansores por usar una botarga de su primo consideran que el arresto tuvo un trasfondo político. Señalan que el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus, busca la candidatura de Morena a la gubernatura, al igual que Sánchez Sansores, presentado por la propia gobernadora como asesor, aunque no figura oficialmente en la estructura gubernamental.
El caso revive antecedentes recientes en el estado. Hace dos años, durante el carnaval de Campeche, personas que portaban botargas alusivas a la gobernadora, a su secretaria de Seguridad, Marcela Muñoz, y a otros políticos, también fueron detenidas y golpeadas por elementos de seguridad.
La administración de Sansores ha sido objeto de polémicas recurrentes. Entre ellas destaca la difusión de audios en su programa semanal “Martes del Jaguar”, donde se exhibieron conversaciones privadas de figuras públicas, lo que generó señalamientos por posible violación a la privacidad. Otra controversia surgió por los operativos de seguridad en el penal de Kobén, denunciados por familiares de internos por presuntos abusos y uso excesivo de la fuerza.
