La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) desechó el amparo promovido por Elba Esther Gordillo para evitar el pago de 19.2 millones de pesos al Servicio de Administración Tributaria (SAT) correspondiente a los ejercicios fiscales 2008 y 2009.
Durante la sesión de este 19 de febrero de 2026, los ministros resolvieron por unanimidad que el caso no plantea cuestiones de constitucionalidad que ameriten su análisis de fondo. Por ello, confirmaron la resolución de un Tribunal Federal que previamente había fallado en contra de la exlideresa sindical.
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SAT desestima defensa de Elba Esther Gordillo
Gordillo argumentó que las transacciones que originaron el crédito fiscal estaban relacionadas con sus funciones como presidenta del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE). Sin embargo, dichas afirmaciones no fueron acreditadas con pruebas suficientes ante la autoridad fiscal ni ante los órganos jurisdiccionales.
La maestra también sostuvo que diversos artículos del Código Fiscal de la Federación y de la Ley del Impuesto sobre la Renta vulneraban sus garantías de audiencia y su derecho de acceso efectivo a la justicia. En específico, cuestionó la constitucionalidad de los artículos 42 y 48 del Código Fiscal, así como disposiciones de la Ley del ISR y de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente.
El proyecto para desechar el amparo fue elaborado por la ministra Lenia Batres, quien propuso declarar improcedente la revisión al no advertirse temas estrictamente constitucionales.
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Antecedentes de Gordillo con la justicia mexicana
Conocida como “La Maestra”, encabezó el SNTE desde finales de los años 80 y durante más de una década del siglo XXI. También fue diputada federal en tres ocasiones y senadora por el PRI. En 2013 fue detenida y procesada por delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada, caso que marcó su salida del escenario político central. Por esta razón, Elba Esther Gordillo deberá hacerle frente ahora al SAT en 2026.
La resolución de la SCJN se enmarca en una etapa en la que el máximo tribunal deberá resolver diversos asuntos relacionados con adeudos fiscales de alto perfil. Con esta decisión, queda firme la obligación de pago determinada por el SAT, salvo que se promueva algún otro medio de defensa extraordinario.
El fallo refuerza el criterio de que no todos los litigios fiscales alcanzan el umbral de constitucionalidad necesario para ser revisados por la Suprema Corte, consolidando la postura institucional frente a controversias tributarias de figuras públicas.
