Adán Augusto López bajo la lupa de Estados Unidos; Marina del Pilar otra objetivo

Adán Augusto López bajo la lupa de Estados Unidos; Marina del Pilar otra objetivo Adán Augusto López bajo la lupa de Estados Unidos; Marina del Pilar otra objetivo
Foto: Grupo Hoy

Por: Jair Velázquez

El nombre de Adán Augusto López Hernández, excoordinador de Morena en el Senado de la República, volvió a colocarse en el centro del debate político luego de que trascendiera que autoridades de Estados Unidos lo tendrían bajo investigación por presuntos vínculos con actividades criminales.

De acuerdo con el periodista Raymundo Riva Palacio, el Gobierno de Estados Unidos estaría rastreando bienes y activos del senador tabasqueño, así como de su esposa, familiares y socios comerciales, como parte de un proceso preliminar de investigación que podría derivar en acciones legales formales por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

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Estados Unidos investigaría bienes y activos ligados a Adán Augusto

Según la información revelada, el seguimiento a los bienes del exsecretario de Gobernación representaría un paso previo a la apertura de un expediente judicial, lo que ha encendido alertas incluso dentro del Senado mexicano, donde se analiza la posibilidad de congelar activos del legislador en territorio estadounidense, en caso de que avance el procedimiento.

Las pesquisas se darían en un contexto de mayor cooperación en materia de seguridad entre México y Estados Unidos, especialmente en casos relacionados con corrupción, crimen organizado y financiamiento ilícito.

Socios y contratos gubernamentales bajo sospecha

La investigación también pone el foco en socios cercanos a Adán Augusto López, entre ellos el empresario Luis Montaño García, quien presuntamente busca la alcaldía de Atizapán de Zaragoza.

Montaño García estaría vinculado a una financiera dedicada al arrendamiento de vehículos especializados utilizados por las dependencias gubernamentales. De acuerdo con Riva Palacio, autoridades estadounidenses analizan contratos millonarios otorgados por dicha empresa al Gobierno de Michoacán, encabezado por el morenista Alfredo Ramírez Bedolla, destinados al equipamiento de corporaciones policiales.

Informes de inteligencia compartidos entre ambos países advierten que algunas de estas corporaciones podrían operar en beneficio de organizaciones delictivas, lo que habría convertido a los socios del senador en personas de interés para Estados Unidos.

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Marina del Pilar también estaría en la mira del gobierno estadounidense

El caso no se limita a Adán Augusto. La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, también enfrentaría una situación delicada tras ser mencionada directamente en reuniones bilaterales de enlace entre México y Estados Unidos.

Según Riva Palacio, la mandataria forma parte de una lista de más de 100 funcionarios mexicanos a quienes se les habría cancelado la visa estadounidense, medida que también alcanzó a su exesposo, Carlos Torres, recientemente vinculado con el grupo criminal conocido como “Los Rusos”.

Presuntos vínculos con el crimen organizado y financiamiento electoral

La información indica que documentos y testimonios presentados en mesas binacionales relacionan a Marina del Pilar con una investigación por presuntos nexos con el crimen organizado, derivados del reacomodo de cárteles en Tijuana ocurrido en los últimos tres años.

Además, se señalan posibles irregularidades en el financiamiento de su campaña electoral de 2021, presuntamente vinculadas a Sergio Carmona, “El Rey del Huachicol”, empresario asesinado en noviembre de ese mismo año y señalado por presunto lavado de dinero.

Posible licencia al cargo ante presión internacional

Ante la gravedad de los expedientes en análisis, autoridades habrían considerado la opción de que Marina del Pilar Ávila solicite licencia como gobernadora, con el fin de facilitar eventuales procesos legales y reducir tensiones diplomáticas.

Los señalamientos revelados colocan a figuras clave de la Cuarta Transformación bajo el escrutinio internacional y podrían tener implicaciones políticas y judiciales de alto impacto en la relación México–Estados Unidos.

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