Álvaro Bardales Ramírez, secretario de la Contraloría de Hidalgo, informó sobre las denuncias relacionadas con despidos injustificados en diversas administraciones municipales entrantes, señalando que, quien haga despidos injustificados deberá asumir las consecuencias.
Estas prácticas han derivado en demandas laborales que suman un pasivo aproximado de 180 millones de pesos.
El funcionario reiteró que los ayuntamientos serán responsables de cubrir estos adeudos con recursos propios, sin recibir apoyo extraordinario del gobierno estatal.
Despidos y pasivos laborales
Bardales indicó que las denuncias por despidos se han presentado en más de 20 municipios y que los conceptos incluyen pagos pendientes de bonos, finiquitos, e indemnizaciones no cumplidas. Asimismo, advirtió que las administraciones actuales tienen la obligación de liquidar estas contingencias, ya que, si las dejan como herencia, las siguientes gestiones podrán presentar denuncias en su contra.
“Quien haga despidos injustificados deberá asumir las consecuencias. Los recursos para solventar estos pasivos deberán salir de sus propias administraciones, ya que no habrá apoyo del gobierno estatal”, señaló Bardales.
Investigaciones por nepotismo
En cuanto al nepotismo, la Contraloría ha investigado cuatro casos confirmados en los que se identificaron vínculos familiares indebidos en las contrataciones. Las personas involucradas ya no laboran en los municipios señalados.
Bardales subrayó que, aunque el nepotismo es un problema recurrente, la ley limita las sanciones a casos donde el titular municipal sea quien ordene dichas contrataciones.
Además, explicó que en algunos municipios las relaciones de parentesco están relacionadas con asambleístas, lo cual no está directamente bajo la jurisdicción de la Contraloría, pero se está trabajando en reglamentaciones más estrictas para evitar estas prácticas en el futuro.
Fortalecimiento de los contralores municipales
La Contraloría de Hidalgo recientemente completó el nombramiento de 83 contralores municipales, quienes fungirán como supervisores directos en los ayuntamientos. Estos órganos internos son los encargados de vigilar el cumplimiento de las normativas y prevenir prácticas como despidos injustificados y nepotismo.
Bardales destacó que, aunque el proceso de designación retrasó la implementación de medidas preventivas, los contralores ya están operando y se reunirán próximamente en una Asamblea General para coordinar estrategias.
Denuncias por irregularidades administrativas en el gobierno del estado
El secretario informó que en la administración del gobierno estatal actualmente hay 91 denuncias en proceso relacionadas con irregularidades administrativas, de las cuales 46 corresponden a la administración anterior y 45 a la actual que lleva más de dos años.
Finalmente, mencionó que Hidalgo es el estado que más acciones anticorrupción ha llevado a cabo.
