La Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo (SSPH) informó la detención en Huejutla de dos hombres por conducir una camioneta oficial sin autorización. Lo que inició como una infracción de tránsito se convirtió en un caso grave al no poder justificar los ocupantes del vehículo su posesión de la unidad oficial.
Detenidos no eran policías autorizados
Los detenidos, identificados por sus iniciales como F. I. L. H. y J. I. G. H., no contaban con autorización para conducir la patrulla equipada con balizas y otros dispositivos de seguridad. La SSPH aseguró a los hombres y la unidad tras detectar irregularidades en su manejo y documentación. Gracias a la rápida detención de los individuos se evitó posibles riesgos para la ciudadanía y aseguró la detención de los civiles que conducían la patrulla en Hidalgo.
Investigación por usurpación de funciones públicas
Las autoridades de Hidalgo confirmaron que los dos civiles que condujeron la patrulla serán investigados por usurpación de funciones públicas. Este delito se configura cuando alguien se atribuye cargos o roles dentro de una institución gubernamental sin autorización legal.
Este tipo de conductas puede comprometer la seguridad de la población y la confianza ciudadana en las instituciones.
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La SSPH enfatizó la importancia de la colaboración de la ciudadanía para detectar y reportar irregularidades, fortaleciendo la seguridad en el estado y previniendo el uso indebido de vehículos oficiales o la suplantación de funciones de seguridad.
Reforzamiento del control sobre vehículos oficiales
El caso refleja los esfuerzos de la Secretaría de Seguridad Pública de Hidalgo por mantener control sobre las unidades oficiales y garantizar que sean utilizadas exclusivamente por personal autorizado. La dependencia recordó que la población puede denunciar cualquier situación irregular mediante los canales oficiales, reforzando así la transparencia y el cumplimiento de la ley en la entidad.
La SSPH reafirmó su compromiso de proteger a los hidalguenses mediante la supervisión rigurosa de recursos oficiales y la prevención de delitos relacionados con la suplantación de funciones públicas.
