Un grupo de empresarios mexicanos ha interpuesto una denuncia formal por extorsión en contra de Erick Jiménez Reyes, quien actualmente se desempeña como administrador general de Auditoría de Comercio en el Sistema de Ahorro Tributario (SAT). Según los denunciantes, este funcionario ha solicitado pagos extraoficiales a cambio de no cancelar las certificaciones de IVA e IEPS de sus empresas, las cuales aseguran se encuentran en regla.
La denuncia la presentaron el 11 de marzo ante la Dirección de Control de Gestión de la Secretaría de Gobernación (Segob). En una carta dirigida a la entonces secretaria, Luisa María Alcalde Luján, los empresarios relataron la situación y solicitaron una investigación. Como respuesta, el 14 de marzo el subdirector de Atención Ciudadana de Segob, Gerardo Montaño Ramírez, envió un oficio (UG/SAC/211/955/2024) al director general del SAT, Antonio Martínez Dagnino, informando de las irregularidades señaladas. Sin embargo, hasta la fecha, no ha habido sanción alguna contra Jiménez Reyes, quien sigue en su cargo, ni ha sido citado por el Órgano Interno de Control del SAT.
Los empresarios afectados, que por razones de seguridad han decidido permanecer en el anonimato, aseguran que tienen pruebas de los depósitos realizados a cuentas específicas y las direcciones donde se entregaba el dinero. En sus denuncias, también mencionan que la prima de Jiménez Reyes, Sarahí Pérez Segoviano, quien ocupa el cargo de administradora de Operativos Especiales en el SAT, y Luis Christian Zamora, estarían involucrados en la recepción de estos pagos.
Piden apoyo al gobierno
Ante la falta de acción por parte de las autoridades correspondientes, los empresarios han solicitado la intervención de Rosa Icela Rodríguez, actual Secretaria de Gobernación, o bien que la presidenta electa Claudia Sheinbaum tome conocimiento de la situación. La exigencia de justicia persiste, ya que los empresarios temen represalias por hacer públicas las irregularidades.
Este caso resalta la creciente preocupación en el sector empresarial mexicano respecto a prácticas de extorsión dentro de instituciones gubernamentales clave, y pone en evidencia la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas en la administración pública.
