El despacho Epigmenio Mendieta & Asociados expresó su rechazo a las declaraciones realizadas por la presidenta Claudia Sheinbaum durante su conferencia matutina del 9 de abril, al considerar que incurrió en una imputación penal anticipada al referirse a presuntos casos de venta ilegal de combustible.
En su posicionamiento, la firma jurídica señaló que la mandataria mencionó a diversas personas —entre ellas el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna y el contralmirante Fernando Farías Laguna— como presuntamente vinculadas a actividades ilícitas, pese a que no existe una sentencia firme en su contra.
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Abogados acusan que Sheinbaum compromete la justicia en el caso Farías Laguna
El despacho argumentó que estas declaraciones contravienen el principio de presunción de inocencia, protegido tanto por la Constitución mexicana. Citó los artículos 1° y 20 constitucionales, así como disposiciones de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estos obligan a las autoridades a abstenerse de presentar públicamente a cualquier persona como culpable sin resolución judicial definitiva.
Durante la conferencia, Claudia Sheinbaum afirmó que la Fiscalía General de la República mantiene investigaciones por huachicol fiscal conta Farías Lagunas. Advirtió que quienes participen en la introducción ilegal de combustible serán sancionados. También indicó que la denuncia la presentó la Secretaría de Marina y que habría tanto marinos como empresarios involucrados.
Ante ello, el despacho advirtió que este tipo de pronunciamientos desde el Poder Ejecutivo podrían influir en el actuar de autoridades jurisdiccionales, al “dar línea” en procesos en curso, lo que pondría en riesgo el funcionamiento del sistema penal acusatorio.
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Asimismo, recordó que tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como la Corte Interamericana de Derechos Humanos han establecido que el Estado no debe construir narrativas públicas de culpabilidad antes de una sentencia definitiva.
El comunicado concluye que las declaraciones de la presidenta vulneran el orden constitucional y los compromisos internacionales asumidos por México en materia de derechos humanos, al tiempo que reaviva el debate sobre los límites del discurso oficial frente a investigaciones en curso.
