La postura del gobierno federal y de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) frente al reciente informe del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU ha encendido el debate público, luego de que ambos actores minimizaran las conclusiones del organismo internacional, que calificó la crisis de desapariciones en México como posibles “crímenes de lesa humanidad”.
El informe del comité —dependiente de la Organización de las Naciones Unidas— no solo advierte sobre la gravedad del fenómeno, sino que solicita que el caso sea llevado ante la Asamblea General. Sin embargo, la administración de Claudia Sheinbaum reaccionó de inmediato descalificando el documento, al que calificó como “sesgado” y “tendencioso”, cuestionando su rigor metodológico y rechazando la idea de que las desapariciones sean sistemáticas o generalizadas.
En la misma línea, la CNDH emitió un pronunciamiento aún más confrontativo, en el que no solo rechazó las conclusiones del comité, sino que también arremetió contra organizaciones de la sociedad civil. Entre sus señalamientos, acusó a colectivos y defensores de derechos humanos de “manipular” las demandas de las víctimas y de hacer un “uso faccioso” de las cifras de personas desaparecidas.
El posicionamiento del organismo encabezado por Rosario Piedra Ibarra ha sido cuestionado por su tono y por replicar los argumentos del gobierno federal, en lugar de asumir un rol autónomo como ente garante de derechos humanos. La CNDH incluso puso en duda la imparcialidad de los expertos internacionales y criticó a organizaciones como el Centro ProDH, al que calificó de tener una visión “sesgada”.
Especialistas advierten que esta respuesta institucional podría debilitar la credibilidad del Estado mexicano frente a organismos internacionales, particularmente en un contexto donde el propio informe documenta fallas estructurales en la búsqueda de personas desaparecidas, la protección a familias y la investigación de posibles responsabilidades estatales.
Mientras tanto, colectivos de víctimas han insistido en que desestimar el informe no responde a la magnitud del problema. Por el contrario, señalan que negar o minimizar los hallazgos de la ONU podría retrasar aún más el acceso a la verdad y la justicia en un país que enfrenta una crisis de desapariciones que se arrastra desde hace décadas.
