Claudia Sheinbaum se victimizó por la crisis de inseguridad en México al decir que el informe de la ONU es “tendencioso”. Comentó que la investigación del Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU está truncada porque los expertos no resaltaron “los esfuerzos institucionales” emprendidos por los gobiernos México desde el sexenio de Andrés Manuel López Obrador.
El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU advirtió que existen elementos suficientes para considerar las desapariciones en México son posibles crímenes de lesa humanidad. Esto abriría la puerta a una investigación internacional formal, de acuerdo con un informe difundido por la organización I(dh)eas.
El reporte señala que México concentra 819 acciones urgentes por desaparición forzada entre 2012 y febrero de 2026, lo que equivale al 38 por ciento del total global, colocándolo como el país con más casos en el mundo, por encima de Irak. Tan solo en los últimos cinco meses se registraron 40 nuevas solicitudes, reflejo de un repunte significativo que ha encendido las alertas internacionales.
Ante este panorama, la organización advirtió que la magnitud y recurrencia de los casos podrían activar el artículo 34 de la Convención Internacional, mecanismo que permitiría al Comité iniciar una investigación sobre desapariciones forzadas generalizadas o sistemáticas y, eventualmente, llevar el caso ante la Asamblea General de la ONU.
Aunque el Comité reconoce que el Estado mexicano responde formalmente a las solicitudes en los plazos establecidos, el informe documenta fallas estructurales graves. Entre ellas destacan la falta de planes integrales de búsqueda, retrasos en diligencias clave como el análisis de videovigilancia y telefonía, así como investigaciones insuficientes sobre la posible participación de agentes del Estado.
El documento también alerta sobre la vulnerabilidad de las víctimas indirectas. Se reportan casos de represalias contra familiares y personas buscadoras, incluyendo la desaparición de un padre que había denunciado la implicación de autoridades en el caso de su hijo en Guanajuato.
Los señalamientos fueron rechazados por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, en medio de un contexto de creciente presión por parte de organismos internacionales y colectivos de víctimas.
Para I(dh)eas, el hecho de que el mecanismo de acciones urgentes se volvió recurrente en México evidencia una crisis estructural que no es contenida. La posible intervención de la ONU colocaría al país bajo un escrutinio aún mayor en materia de derechos humanos.
