La secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel Reyes, arremetió este 21 de julio de 2026 contra la oposición al acusarla de intentar convertir al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, en un supuesto preso político, cuando en realidad enfrenta cargos por presunto desvío de recursos públicos federales.
En una declaración contundente, Montiel Reyes señaló que el PRI y el PAN han construido una narrativa falsa para proteger a uno de los suyos. Según la funcionaria federal, disfrazar a un imputado como víctima de persecución política es el escudo favorito de quienes buscan perpetuar la impunidad en México.
“Convertir a un imputado en víctima es su escudo para proteger la impunidad. No es persecución, es huachicol fiscal”
Ariadna Montiel Reyes, secretaria del Bienestar
¿Qué se le acusa a Ernesto Ruffo Appel?
Ernesto Ruffo Appel, quien gobernó Baja California entre 1989 y 1995 y fue el primer mandatario estatal emanado del Partido Acción Nacional en la historia de México, enfrenta señalamientos relacionados con el presunto desvío de recursos federales destinados a programas sociales.
La titular del Bienestar utilizó el término “huachicol fiscal” para describir las acusaciones, estableciendo un paralelismo con el robo de combustible que ha afectado al país durante décadas. En este caso, el supuesto delito consistiría en la apropiación indebida de fondos públicos destinados a la población más vulnerable.
Las investigaciones se centran en irregularidades detectadas durante la administración de Ruffo Appel, específicamente en el manejo de transferencias federales que debían llegar a programas de asistencia social en la entidad fronteriza.
La respuesta de la oposición
Legisladores del PAN han salido en defensa del exmandatario bajacaliforniano, calificando el proceso judicial como una “cacería de brujas” orquestada desde el gobierno federal. Argumentan que las acusaciones carecen de sustento y responden a motivaciones políticas previas a los próximos procesos electorales.
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Por su parte, dirigentes del PRI han manifestado solidaridad con Ruffo Appel, a pesar de las diferencias históricas entre ambos partidos. Esta alianza circunstancial refleja la estrategia de la oposición de presentar un frente unido ante lo que consideran ataques sistemáticos contra figuras políticas que no comulgan con el proyecto de la Cuarta Transformación.
Contexto político de las acusaciones
El caso de Ernesto Ruffo se suma a una serie de procesos judiciales que involucran a exgobernadores y funcionarios de administraciones pasadas. Desde el inicio del actual gobierno, encabezado por Claudia Sheinbaum, se ha mantenido la política de combate a la corrupción heredada del sexenio anterior.
La Fiscalía General de la República ha intensificado las investigaciones sobre presuntos desvíos de recursos federales en diversas entidades del país. Las autoridades señalan que durante años existieron esquemas de corrupción que permitieron a gobernadores y funcionarios estatales apropiarse de fondos destinados a programas sociales.
Según datos oficiales, el gobierno federal ha recuperado miles de millones de pesos mediante auditorías y procesos de fiscalización a administraciones estatales de distintos partidos políticos. Estos recursos, argumentan las autoridades, fueron desviados de su destino original en perjuicio de las poblaciones más necesitadas.
El concepto de preso político en México
La discusión sobre quién califica como preso político ha cobrado relevancia en el debate público mexicano. Organizaciones de derechos humanos establecen criterios específicos para esta categoría, que generalmente incluye a personas encarceladas por sus creencias, identidad o activismo, no por delitos comunes.
En el caso de Ruffo Appel, las acusaciones se centran en presuntos delitos patrimoniales, no en persecución por actividades políticas legítimas. Esta distinción es fundamental, según expertos en derecho penal, para determinar si un proceso judicial tiene motivaciones políticas o responde a la aplicación de la ley.
La titular del Bienestar enfatizó que la estrategia de presentar a acusados de corrupción como víctimas de persecución busca generar simpatía pública y presionar al sistema de justicia. Esta táctica, señaló, ha sido utilizada repetidamente por políticos de distintos países cuando enfrentan procesos judiciales.
Implicaciones para el sistema de justicia
El caso pone a prueba la independencia del Poder Judicial mexicano, que deberá determinar la culpabilidad o inocencia del exgobernador con base en las evidencias presentadas. Los tribunales tendrán la última palabra sobre si las acusaciones tienen fundamento legal suficiente.
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Para los observadores políticos, el desenlace de este proceso será indicativo del funcionamiento de las instituciones de justicia en México. Un juicio apegado a derecho, independientemente del resultado, fortalecería la credibilidad del sistema judicial ante la ciudadanía.
¿Qué sigue en el proceso?
Ernesto Ruffo Appel deberá comparecer ante las autoridades judiciales en las próximas semanas para responder a los señalamientos en su contra. Su defensa legal ha anunciado que presentará pruebas para desvirtuar las acusaciones de desvío de recursos.
Mientras tanto, el debate sobre la legitimidad de los procesos judiciales contra exfuncionarios continuará en la arena política. Tanto el gobierno federal como la oposición mantendrán sus posturas sobre si estos casos representan justicia o persecución.
Para los ciudadanos mexicanos, el mensaje de la secretaria Montiel Reyes es claro: nadie está por encima de la ley, y las acusaciones de corrupción deben investigarse sin importar la filiación partidista del señalado. La historia determinará si esta premisa se aplica de manera equitativa a todos los actores políticos del país.
El caso de Ernesto Ruffo Appel representa un capítulo más en la batalla contra la corrupción que ha definido a los últimos gobiernos federales. Su resolución judicial, cualquiera que sea, sentará precedentes importantes para futuros procesos similares en México.
