En México hay funcionarios que ya olvidaron algo básico en el mundo de la política: el cargo que ocupan no es una concesión personal ni un salvoconducto permanente, es una responsabilidad sujeta a una sola autoridad vigente. Y, aun así, algunos se comportan como si tuvieran una red de protección que les permite ignorar esa realidad.
Desde el inicio de la nueva administración, ciertos perfiles han optado por tensar la cuerda. Se resisten a dejar posiciones, cuestionan decisiones y actúan como si su permanencia dependiera de una relación pasada más que de la instrucción actual. Esa actitud responde a una percepción que ha ido creciendo, y es la idea de que existe un respaldo externo que todavía pesa más que la línea institucional.
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Más que un conflicto de egos es un problema de mando. Cuando un funcionario cree que puede desobedecer o retrasar una decisión porque “alguien más” lo respalda, lo que está diciendo, en términos claros, es que reconoce dos centros de poder. Y eso, en cualquier estructura seria, es inaceptable. 
Los ejemplos se acumulan. Nombramientos que en su momento respondieron a una lógica política distinta hoy se convierten en puntos de fricción. Personas que llegaron por cercanía con el poder anterior ahora ponen a prueba los límites del actual. No quieren soltar el cargo. No quieren aceptar que el ciclo cambió. Y, sobre todo, no quieren perder la protección que creen tener.
Ese cálculo es, además de soberbio, profundamente equivocado. Ninguna administración puede operar con funcionarios que responden a lealtades divididas. En el sector privado, una situación así se resolvería en cuestión de días. Un directivo que desafía la autoridad vigente o que se escuda en la cercanía con un exjefe queda fuera sin mayor trámite. Aquí, en cambio, algunos apuestan a que la política funciona con otras reglas, una de ellas es que el respaldo previo basta para sostenerse, otra, que el tiempo no pasa. Pero pasa. Y pasa rápido.
Ejemplos recientes hay muchos, aunque podemos señalar algunos de los más mediáticos: Francisco Garduño, José Antonio Romero Tellaeche o Marx Arriaga. El peso de un expresidente como Andrés Manuel López Obrador no desaparece de un día para otro. Sería ingenuo pensarlo. Su influencia, su red de contactos y su capacidad de presión siguen ahí. Sin embargo, una cosa es reconocer ese peso y otra muy distinta permitir que sustituya al mando formal. Cuando eso ocurre, el Gobierno deja de ser claro. Y cuando no hay claridad, lo que sigue es desgaste, contradicción y pérdida de control.
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Aquí es donde se define el carácter de quien gobierna. No en el discurso, sino en la capacidad de poner orden, porque gobernar no es administrar inercias ni tolerar ambigüedades, es tomar decisiones y hacerlas valer, incluso cuando incomodan a quienes se sienten intocables. De ahí que muchos analistas señalen que “la presidencia de la República está en Palacio, no en Palenque”.
El problema de fondo no tiene que ver con nombres propios, tiene que ver con la tentación de algunos de seguir operando bajo la lógica del pasado, de creer que la cercanía con quien ya no ocupa el cargo sigue siendo suficiente para ignorar instrucciones, retrasar cambios o desafiar abiertamente la autoridad.
Al final, la discusión es más simple de lo que parece. El poder no se comparte por nostalgia ni por gratitud, se ejerce, y quien no entienda esa diferencia, tarde o temprano se convierte en un problema que alguien tendrá que resolver.
