Andrea Monserrat denunció que su proceso judicial contra la activista María Elena Ríos Ortiz permanece estancado desde hace más de un año debido, según afirmó, a un presunto “blindaje político” e institucional que ha impedido avances en las investigaciones.
De acuerdo con el testimonio de la joven, los hechos ocurrieron el 19 de diciembre de 2024 en un hospital de Oaxaca y posteriormente en la vía pública, donde presuntamente fue víctima de agresiones físicas, abuso sexual, lesiones y actos de discriminación. Monserrat aseguró que existen pruebas videográficas del ataque; sin embargo, acusó omisiones por parte de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca.
La denunciante sostuvo que la notoriedad pública y el activismo de María Elena Ríos han servido como un escudo mediático y político que ha frenado el acceso a la justicia. Según relató, durante la agresión participaron también familiares y escoltas de la activista. 
Andrea Monserrat afirmó que fue golpeada, humillada y despojada de su ropa interior en plena vía pública, además de sufrir lesiones graves en sus partes íntimas. También señaló que durante los hechos estuvo presente la agente del Ministerio Público Luz Gabriela Pacheco Pacheco, quien presuntamente no intervino pese a presenciar las agresiones.
La joven aseguró que la violencia se detuvo únicamente cuando policías vestidos de civil intervinieron para auxiliarla. A partir de entonces, indicó, inició un proceso legal por abuso sexual, tentativa de secuestro, lesiones y discriminación.
No obstante, acusó que el caso permanece detenido por decisiones atribuidas al juez Carlos Alan Rodríguez Alcalá, quien, según su versión, ha solicitado notificaciones presenciales en domicilios donde la activista no ha podido ser localizada, retrasando así el procedimiento judicial.
Monserrat también criticó lo que calificó como una narrativa pública sesgada en favor de Ríos Ortiz, señalando que en redes sociales y espacios digitales la activista ha sido presentada como víctima, pese a que ella se encontraba sola y en situación de vulnerabilidad frente al equipo de seguridad de la saxofonista.
Asimismo, cuestionó la actuación de instituciones de atención a mujeres, incluyendo a la Secretaría de las Mujeres, señalando que durante la gestión de Citlalli Hernández se priorizó “no victimizar” a María Elena Ríos antes que investigar las denuncias presentadas.
Finalmente, Andrea Monserrat hizo un llamado a las nuevas autoridades para revisar el caso sin favoritismos políticos y garantizar que el activismo o la exposición mediática de cualquier figura pública no sea utilizado, afirmó, como un mecanismo de impunidad frente a denuncias de violencia.
