El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México salió al paso de la desinformación que circuló durante las últimas horas respecto a Mario Marín Torres, exgobernador de Puebla, confirmando que el político continúa recluido en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1 “Altiplano”, ubicado en el Estado de México.
La dependencia federal emitió un comunicado oficial este 29 de julio de 2026 para desmentir las versiones que aseguraban que el exmandatario poblano había abandonado el penal de máxima seguridad para continuar su proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
“Con relación a la información que circula sobre Mario ‘N’, se informa que no ha tenido ningún cambio en su situación jurídica, por lo que permanece bajo custodia en el CEFERESO No. 1. Se exhorta a la ciudadanía a consultar únicamente la información difundida a través de los canales oficiales.”
Gabinete de Seguridad del Gobierno de México
El origen de las noticias falsas sobre Mario Marín
La confusión se generó luego de que diversos portales difundieran información sin verificar, asegurando que Mario Marín preso en Altiplano había obtenido un amparo por motivos de salud y edad avanzada que le permitiría cumplir el resto de su condena en un domicilio ubicado en la colonia Xilotzingo, en la capital poblana.
Sin embargo, la autoridad federal fue contundente al señalar que dicha información carece de sustento oficial. Ningún juzgado federal ha notificado cambio alguno en la situación jurídica del exgobernador, quien fue detenido en febrero de 2022 en Acapulco, Guerrero, tras años de evadir la justicia mexicana.
El llamado de las autoridades fue claro: evitar la difusión de datos no verificados que generan confusión entre la población, especialmente en un caso de alto perfil que ha sido seguido durante más de dos décadas por la opinión pública.
El caso Lydia Cacho: más de 20 años de lucha por justicia
Para entender la relevancia de este pronunciamiento oficial, es necesario recordar el contexto del caso que mantiene a Mario Marín preso en Altiplano. El exgobernador poblano, quien ejerció el cargo entre 2005 y 2011, enfrenta un proceso penal por su presunta responsabilidad en el delito de tortura contra la periodista Lydia Cacho Ribeiro.
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Todo comenzó en diciembre de 2005, cuando agentes de la Policía Judicial de Puebla detuvieron ilegalmente a Cacho en Quintana Roo y la trasladaron por carretera hasta la capital poblana. Durante el trayecto de más de 20 horas, la periodista fue sometida a tratos crueles e intimidatorios que configuraron el delito de tortura según determinaron posteriormente los tribunales.
La detención fue una represalia directa por la publicación del libro “Los Demonios del Edén”, investigación periodística que documentó una red de explotación sexual infantil en la que presuntamente participaban empresarios y políticos de alto nivel, incluyendo al empresario textilero Jean Succar Kuri, quien fue sentenciado a más de 90 años de prisión.
La llamada telefónica que evidenció la complicidad
El caso dio un giro determinante cuando se filtraron grabaciones telefónicas entre Mario Marín y el empresario Kamel Nacif, también señalado en la investigación de Cacho. En las conversaciones, Nacif agradecía al entonces gobernador por haberle dado “un coscorrón” a la periodista, mientras Marín respondía con frases que evidenciaban su participación en la detención arbitraria.
Aquellas grabaciones, conocidas popularmente como los “audios del góber precioso” por la forma en que Nacif se dirigía al mandatario, generaron indignación nacional e internacional. Organismos de derechos humanos y libertad de prensa exigieron una investigación a fondo.
Sin embargo, durante años el caso avanzó con lentitud. Marín Torres gozó de fuero mientras fue gobernador y posteriormente utilizó múltiples recursos legales para evitar ser procesado. La Suprema Corte de Justicia de la Nación revisó el caso en diversas ocasiones, pero no fue sino hasta 2020 cuando finalmente se giró una orden de aprehensión en su contra.
La captura en Acapulco y el traslado a máxima seguridad
Mario Marín fue detenido el 3 de febrero de 2022 en un fraccionamiento de Acapulco, Guerrero, donde vivía de manera discreta. Al momento de su captura tenía 67 años y se le encontró sin oponer resistencia. Fue trasladado inmediatamente al Cefereso de máxima seguridad conocido como “Altiplano”, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México.
Este penal, considerado el de mayor seguridad en el país, ha albergado a narcotraficantes y criminales de alto perfil. La decisión de recluir ahí a Marín Torres respondió a la gravedad de los delitos que se le imputan y al riesgo de fuga que representaba, considerando los años que evadió la acción de la justicia.
Desde entonces, el exgobernador ha permanecido en ese centro penitenciario mientras continúa su proceso por tortura. Sus abogados han interpuesto diversos recursos legales buscando modificar su situación, pero hasta la fecha ninguno ha prosperado de manera definitiva.
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¿Qué sigue en el proceso judicial?
El caso de Mario Marín preso continúa abierto en tribunales federales. La defensa del exgobernador ha argumentado en diversas ocasiones que su cliente padece problemas de salud propios de su edad, actualmente 71 años, y ha solicitado medidas alternativas a la prisión preventiva.
Sin embargo, como confirmó el Gabinete de Seguridad, ninguna de estas peticiones ha derivado en un cambio real de su situación jurídica. El exmandatario poblano deberá permanecer en el Cefereso Altiplano mientras las autoridades judiciales resuelven de fondo su proceso.
Para Lydia Cacho, quien durante más de dos décadas ha exigido justicia, el caso representa un precedente fundamental en la lucha contra la impunidad de funcionarios de alto nivel en México. La periodista ha señalado en múltiples ocasiones que su caso evidencia cómo el poder político fue utilizado para intentar silenciar el periodismo de investigación.
El pronunciamiento del Gabinete de Seguridad sirve como recordatorio de la importancia de verificar información antes de difundirla, especialmente en casos de alto impacto mediático. Las autoridades federales reiteraron que cualquier cambio en la situación de internos de alta peligrosidad será comunicado exclusivamente por canales oficiales.
Para los poblanos, el caso Mario Marín sigue siendo un tema sensible que evoca una de las épocas más controversiales en la historia política del estado. La confirmación de que permanece preso en Altiplano cierra, al menos por ahora, las especulaciones sobre una posible libertad anticipada del exgobernador.
