Llevo suficientes años en los negocios para saber que cuando alguien te debe dinero, tiempo y credibilidad al mismo tiempo, la conversación que sigue rara vez termina bien para quien debe. México le debe las tres cosas a Washington en este momento, y el gobierno de Claudia Sheinbaum parece genuinamente convencido de que el problema no existe o que, si existe, se puede administrar con declaraciones de que todo está bien.
Esa actitud, trasladada al ámbito empresarial, es la misma que la de un director general que llega a la junta de consejo a decirle a los accionistas que la empresa va bien mientras los números dicen otra cosa. En política exterior y en negocios, ese momento tiene las mismas consecuencias.
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El primer frente abierto es el más sencillo de leer para cualquiera que entienda cómo funcionan las relaciones bilaterales entre países que se necesitan mutuamente. México lleva días sin embajador aceptado en Washington. El Gobierno propuso a Roberto Lazzeri como sustituto de Esteban Moctezuma, y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que no acostumbra a rechazar embajadores por razones menores, se negó a otorgar el beneplácito.
Las razones que se filtran apuntan a algo más serio que una baja en la calificación de los bancos que dirigió: Nafin y Bancomext. Además, hay indicios de que, a través de la banca de desarrollo, se realizaron transferencias cuantiosas hacia Cuba y Venezuela. Si eso se confirma, el problema no es el embajador, es la política de fondo que lo respalda.
México está a semanas de iniciar la revisión formal del T-MEC, y en lugar de llegar a esa negociación con su mejor cara diplomática, con canales abiertos y con señales claras de alineación con los intereses de su principal socio comercial, llega con la embajada en Washington sin titular y con la imagen de un Gobierno que sigue cultivando relaciones con regímenes que Washington lleva años sancionando.
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El segundo frente es más grave, porque involucra al Estado mexicano en algo que trasciende la diplomacia y toca directamente la seguridad y la credibilidad institucional del país. La Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York presentó cargos formales contra Rubén Rocha Moya, ex gobernador de Sinaloa, y nueve funcionarios de esa entidad, por conspiración para introducir fentanilo, cocaína y metanfetaminas a Estados Unidos, y por presunta colaboración con la facción de Los Chapitos del Cártel de Sinaloa. Hasta ahora se han entregado el general en retiro y ex secretario de Seguridad Pública, Gerardo Mérida Sánchez, y el ex secretario de Administración y Finanzas, Enrique Díaz Vega. ¿Tendrán otra intención más allá de responder a la justicia?
Se señala que Rocha Moya recibió apoyo del grupo criminal para acceder al poder en 2021, a cambio de protección e impunidad para sus operaciones. La Unidad de Inteligencia Financiera mexicana ya emitió notificaciones para el bloqueo de cuentas del gobernador, de sus tres hijos y del senador Enrique Inzunza, entre otros implicados. ¿Cobrarán en efectivo ahora que ningún banco los quiere como clientes?
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Lo que me interesa señalar desde esta columna no es el aspecto penal, que ya tiene sus instancias, sino lo que este caso revela sobre la capacidad del Gobierno federal para tomar decisiones difíciles a tiempo. Proteger o tolerar a figuras con ese nivel de exposición, en el momento en que México negocia con Washington el tratado comercial más importante de su historia reciente, es un error de cálculo político que el sector privado mexicano va a pagar en términos de certeza jurídica, de imagen ante inversores extranjeros y de condiciones en la mesa de negociación del T-MEC.
Washington cobra sus facturas con precisión y con paciencia, y cuando las cobra, los intereses ya acumulados los absorbe la economía del país que debía, no el Gobierno que tomó las decisiones. Sheinbaum dice que todo está bien. Yo opero empresas en este país, leo los mismos cables que cualquier analista con acceso a información real, y lo que veo no se parece a esa descripción.
