El Congreso de la Unión avanza en la discusión de una nueva Ley General Contra el Feminicidio que contempla penas de hasta 70 años de prisión para los responsables de este delito, además de la creación de un registro nacional de menores en orfandad a consecuencia de la violencia feminicida.
La propuesta legislativa representa uno de los esfuerzos más ambiciosos en materia de protección a las mujeres en México, incorporando 19 agravantes que incrementarían las sanciones cuando las víctimas pertenezcan a grupos vulnerables como niñas, adolescentes o adultas mayores.
¿Qué contempla la nueva Ley Contra Feminicidio?
La iniciativa busca homologar criterios a nivel nacional para la tipificación, investigación y sanción del feminicidio. Actualmente, cada entidad federativa cuenta con su propia definición del delito, lo que genera disparidades en la impartición de justicia y dificulta la persecución efectiva de los agresores.
Entre los elementos más relevantes de la propuesta destacan los siguientes puntos:
- Penas de 40 a 70 años de prisión para quien cometa feminicidio
- Incorporación de 19 circunstancias agravantes del delito
- Creación de un Registro Nacional de Menores en Orfandad por feminicidio
- Establecimiento de protocolos de investigación con perspectiva de género
- Reparación integral del daño para las víctimas indirectas
Las 19 agravantes que aumentan las penas
La legislación propuesta establece que las sanciones se incrementarán significativamente cuando concurran determinadas circunstancias que agravan el delito. Estas agravantes buscan proteger de manera especial a los grupos más vulnerables.
Las penas máximas se aplicarán cuando la víctima sea una niña o adolescente menor de 18 años, una adulta mayor de 60 años, una mujer con discapacidad, una mujer embarazada, o cuando exista una relación de parentesco, afectiva o de confianza entre el agresor y la víctima.
También se consideran agravantes cuando el feminicidio sea cometido por servidores públicos, cuando se realice frente a menores de edad, cuando la víctima haya sido privada de la libertad, o cuando se utilicen armas de fuego u otros medios que demuestren extrema crueldad.
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Registro Nacional de Menores en Orfandad
Uno de los componentes más innovadores de la propuesta es la creación de un padrón nacional de niñas, niños y adolescentes huérfanos a causa del feminicidio. Este registro permitirá identificar a las víctimas indirectas y garantizar su acceso a programas de apoyo gubernamental.
Según cifras del Secretaría de las Mujeres, se estima que en México existen miles de menores que han quedado en orfandad debido a la violencia feminicida. Sin embargo, la ausencia de un registro oficial ha dificultado cuantificar con precisión esta problemática y brindar atención adecuada a este grupo.
El registro será administrado por el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) en coordinación con las fiscalías estatales, quienes deberán reportar cada caso de feminicidio que deje menores en orfandad.
Contexto: la crisis de feminicidios en México
México enfrenta una grave crisis de violencia contra las mujeres. De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en 2025 se registraron más de 800 feminicidios en el país, cifra que no incluye los homicidios dolosos de mujeres que no fueron clasificados bajo este tipo penal.
El Estado de México, Jalisco, Veracruz, Ciudad de México y Nuevo León concentran el mayor número de casos a nivel nacional. Las organizaciones defensoras de derechos humanos han señalado que la impunidad supera el 90 por ciento en estos delitos, lo que perpetúa el ciclo de violencia.
La administración de Claudia Sheinbaum ha colocado la erradicación de la violencia contra las mujeres como una prioridad de su gobierno. Desde su llegada a la Presidencia de la República, ha impulsado diversas acciones para fortalecer el marco jurídico de protección.
Reparación integral del daño
La nueva ley también establece mecanismos para garantizar la reparación integral del daño a las víctimas indirectas del feminicidio, es decir, a los familiares de las mujeres asesinadas.
Entre las medidas contempladas se incluyen:
- Atención médica y psicológica gratuita
- Becas educativas para hijos e hijas de las víctimas
- Acceso prioritario a programas de vivienda
- Pensiones de orfandad
- Apoyo económico para gastos funerarios
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La Secretaría de las Mujeres será la encargada de coordinar con las dependencias federales y estatales la implementación de estos apoyos, garantizando que lleguen de manera oportuna a quienes los necesitan.
Protocolos de investigación con perspectiva de género
Un aspecto fundamental de la propuesta es la obligatoriedad de aplicar protocolos de investigación con perspectiva de género en todos los casos de muertes violentas de mujeres. Esto significa que las fiscalías deberán investigar inicialmente como feminicidio y descartar esta hipótesis solo cuando existan elementos contundentes.
La Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), será la responsable de capacitar a los ministerios públicos y peritos en la aplicación de estos protocolos.
¿Qué sigue en el proceso legislativo?
La iniciativa se encuentra actualmente en análisis en las comisiones de Justicia e Igualdad de Género de la Cámara de Diputados. Se espera que sea discutida en el pleno durante el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre de 2026.
De ser aprobada por ambas cámaras del Congreso, la ley entraría en vigor 90 días después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tiempo durante el cual las entidades federativas deberán armonizar su legislación local.
La aprobación de esta ley representaría un avance significativo en la lucha contra la violencia feminicida en México. Sin embargo, especialistas advierten que el verdadero reto está en la implementación efectiva de estas medidas y en garantizar que la justicia llegue a todas las víctimas y sus familias.
