El Congreso de Nuevo León reactivó el análisis de la reforma al Poder Judicial local con el objetivo de fortalecer los filtros para la selección de jueces y magistrados. La medida responde a la publicación de la reforma judicial federal el pasado 2 de junio y busca establecer mecanismos de evaluación más rigurosos antes de la fecha límite del 30 de abril de 2027.
Durante una Mesa de Trabajo para el Análisis de Expedientes en materia de reforma judicial, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Tomás Montoya, señaló que esta fue la segunda reunión que había quedado pendiente tras priorizar la discusión de la reforma federal.
Escuela de formación judicial: el filtro clave
Uno de los principales consensos alcanzados en la sesión fue la propuesta de crear una escuela de formación judicial en Nuevo León. Esta institución funcionaría como primer filtro para quienes pretendan contender por un cargo judicial.
La diputada del PRI y vocal de la Comisión, Armida Serrato Flores, explicó el mecanismo propuesto:
Si tú no tienes un dictamen como candidato, o mejor dicho como precandidato, ni siquiera te vas a poder registrar a una elección judicial.
La legisladora consideró que esta medida permitiría evitar situaciones como las registradas en la elección federal, entre ellas los llamados “jueces a modo” y los “jueces de acordeón”. También respaldó que el uso de acordeones durante la elección judicial sea considerado un delito electoral.
Calendario de la reforma al Poder Judicial
El Congreso de Nuevo León tiene como fecha límite el 30 de abril de 2027 para emitir la convocatoria de la elección judicial de 2028. Sin embargo, Serrato Flores pidió no esperar hasta esa fecha y planteó que la reforma constitucional pueda estar lista antes del 20 de diciembre de 2026.
Tomás Montoya explicó la urgencia de avanzar con el proceso legislativo:
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Eso nos obliga a tener una reforma cuanto antes, porque después viene el ajuste a las leyes reglamentarias, a las leyes secundarias.
El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales propuso realizar la próxima mesa de trabajo el 27 de agosto y adelantó que presentará un calendario formal para las siguientes sesiones. La intención es alcanzar acuerdos que permitan aprobar la reforma al Poder Judicial durante el próximo periodo ordinario.
Clasificación de iniciativas: qué sigue en el Congreso
El legislador de Morena explicó que el siguiente paso será determinar qué margen de acción tiene Nuevo León para legislar en materia judicial. Las iniciativas serán clasificadas por el área técnica del Congreso en tres categorías:
- Reformas constitucionales: cambios a la Constitución local
- Turnadas a Legislación y Justicia: modificaciones a leyes orgánicas
- Legislación electoral: listas de candidatos, paridad y reglas de elección
La Comisión de Puntos Constitucionales ha logrado sentar en la misma mesa a universidades, cámaras empresariales, abogados y organizaciones de la sociedad civil para escuchar propuestas sobre cómo mejorar la justicia en el estado.
Evaluaciones periódicas para jueces en funciones
Serrato Flores también propuso establecer evaluaciones periódicas para jueces y magistrados una vez que se encuentren en funciones. Esta medida busca garantizar la calidad del servicio judicial más allá del proceso de selección inicial.
Ambos legisladores coincidieron en que Nuevo León debe buscar una reforma consensuada entre las distintas fuerzas políticas y con participación de organismos empresariales y de la sociedad civil.
El objetivo no es solo modificar la forma en que se elige a quienes imparten justicia, sino mejorar la calidad de la justicia que reciben los ciudadanos neoleoneses. El Frente PRI-PAN también alista una iniciativa propia enfocada en la elección de 2027 y en la reestructura del órgano local.
La presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Nuevo León, Laura Perla Córdova Rodríguez, entregó previamente en Oficialía de Partes del Congreso una iniciativa de reforma, arropada por jueces y magistrados del estado. Las próximas semanas serán determinantes para definir el rumbo de la justicia estatal.
