La 4T protege a Rocío Nahle de la revocación de mandato en Veracruz

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Foto: Facebook

La 4T aplicó una nueva estrategia para proteger a la gobernadora Rocío Nahle de la revocación de mandato en Veracruz. Esto en medio de la crisis que enfrenta la morenista por las crisis ambientales, de seguridad, política y acusaciones de endeudamientos y problemas económicos.

Para protegerla de que pierda el control fue que puso reglas más difíciles de cumplir para que se lleve el ejercicio democrático. El Congreso de Veracruz fue el órgano que puso estos candados para proteger a la mandataria en medio de las crisis que vive el estado.

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Las modificaciones al artículo 15 de la Constitución local fijan condiciones más estrictas que las contempladas a nivel federal para solicitar una consulta de revocación de mandato. Por ello es que la oposición consideran que se tratará de algo casi imposible de lograr.

La 4T le pone candados a la revocación de mandato de Rocío Nahle en Veracruz

El principal cambio consiste en que los ciudadanos deberán reunir el respaldo del 10% de la Lista Nominal de Electores. Es decir se deberá contar con cerca de 750 mil firmas para que se lleve a cabo la votación. Contrasta la solicitud porque la Constitución federal exige únicamente el 3% del padrón para iniciar el procedimiento de revocación del mandato presidencial,

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Además del elevado número de apoyos, la reforma establece que las firmas deberán obtenerse en al menos 107 de los 212 municipios del estado. Es decir, en la mitad más uno de las demarcaciones veracruzanas. Además será necesario recabar el respaldo, lo que obliga a una amplia dispersión territorial y evita que el apoyo ciudadano pueda concentrarse en las ciudades con mayor población.

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La 4T protegió a Rocío Nahle de la revocación de mandato, al mismo tiempo que limita el periodo para reunir todas las firmas a un solo mes. Los promotores únicamente podrán realizar la recolección del 1 al 30 de noviembre de 2027, plazo que diversos sectores consideran insuficiente para cumplir con los nuevos requisitos.

Con estas disposiciones, el eventual proceso de revocación de mandato que podría celebrarse en 2028 enfrentará uno de los umbrales más altos del país.

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