Amnistía Internacional México condenó la reciente cancelación de autorizaciones para recibir donativos deducibles a 113 organizaciones civiles por parte del SAT. El organismo encendió las alertas entre organismos defensores de derechos humanos, al considerar que la medida afecta de forma directa su capacidad operativa.
De acuerdo con el posicionamiento, la decisión del Servicio de Administración Tributaria no representa un trámite administrativo ordinario. Indica que se trata de una acción con consecuencias inmediatas en el financiamiento de actividades clave. Entre ellas se encuentran la defensa de derechos humanos, el acompañamiento legal a víctimas, la atención a casos de violencia de género y la protección de territorios indígenas.
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Amnistía Internacional alerta por golpe del SAT y Sheinbaum contra 113 organizaciones civiles
La organización advirtió que esta medida se inscribe en una tendencia regional en América, donde distintos gobiernos han impulsado regulaciones que, bajo el argumento de fortalecer la transparencia, terminan por restringir la operación de organizaciones no gubernamentales.
En el caso de México y el SAT, Amnistía Internacional señaló que las asociaciones civiles ya enfrentan cargas administrativas que incluyen la duplicación de informes, requisitos reiterativos y controles previos sobre el uso de recursos. Esto limita el tiempo y los recursos disponibles para atender a la población, al trasladar esfuerzos hacia procesos burocráticos.
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La cancelación de estas autorizaciones implica que las organizaciones afectadas no podrán recibir donativos con beneficios fiscales, lo que reduce sus fuentes de financiamiento y pone en riesgo la continuidad de programas sociales y de acompañamiento.
Ante las nuevas medidas del SAT, Amnistía Internacional también cuestionó la falta de equilibrio en las exigencias de transparencia en México. Señaló que mientras las organizaciones civiles enfrentan controles estrictos, diversas instituciones públicas mantienen pendientes en materia de rendición de cuentas sobre el uso de recursos.
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El organismo subrayó que la sociedad civil cumple funciones relevantes en la documentación de abusos, la vigilancia de procesos electorales y la promoción de reformas legales, por lo que su debilitamiento puede generar un impacto en el funcionamiento democrático.
