En Washington se trazaron nuevas líneas en el mapa político del continente este fin de semana. La conferencia América contra los Cárteles reunió a varios presidentes latinoamericanos y caribeños bajo la consigna de combatir el narcoterrorismo. Hasta ese punto todo bien. El problema surgió cuando se revisó la lista de invitados y, sobre todo, las ausencias. México no estuvo en la mesa.
La reunión convocó, entre otros, a Argentina, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Panamá, Paraguay, Perú, Honduras y República Dominicana. Los organizadores no ocultaron el criterio. Solo participaron gobiernos con “ideas afines”, y bajo esa premisa quedó claro que el combate al crimen fue también un ejercicio de alineamiento político en un espacio que sirvió como antesala de la cumbre Escudo de las Américas, celebrada en Miami.
Quien conoce la geografía del poder entiende el mensaje. Donald Trump busca levantar una nueva estructura diplomática, militar y de inteligencia. No es un movimiento menor, se trata de un rediseño de la relación hemisférica bajo un mando claro, el suyo, que ha mostrado excelentes resultados hasta el momento. 
El discurso del presidente estadounidense durante la cumbre no pasó desapercibido. Trump declaró que los carteles controlan a México, y expresó que Claudia Sheinbaum es una buena persona, con una voz hermosa, pero que su política de seguridad es insuficiente. Desde la perspectiva empresarial mexicana, esta declaración tiene implicaciones que van más allá de la política de seguridad. Cuando un gobierno extranjero decide etiquetar a un país como epicentro del crimen organizado, el efecto rebasa el ámbito diplomático. Las percepciones viajan rápido en los mercados internacionales y la narrativa de inseguridad se convierte en un factor que pesa sobre inversiones, decisiones financieras y reputación internacional.
Todos los sectores se ven afectados, y el turismo mexicano no queda al margen de esta discusión. La industria turística vive de la confianza. Millones de viajeros eligen destinos con base en percepciones de seguridad, estabilidad y hospitalidad. Cuando el presidente de Estados Unidos afirma públicamente que México es el centro del narcotráfico, el impacto llega directo al imaginario del visitante internacional. No importa que Cancún, Los Cabos o la Riviera Maya tengan realidades distintas. La etiqueta se pega al país completo.
La ausencia de México en una alianza regional contra el crimen envía una señal política que el sector turístico observa con preocupación. La cooperación en seguridad regional tiene efectos directos sobre rutas aéreas, movilidad de visitantes y acuerdos bilaterales. Si Washington decide construir alianzas selectivas en el continente, algunos destinos podrían recibir una atención preferente en materia de promoción o inversión turística. México no puede darse el lujo de quedar fuera de esa conversación.
También conviene reconocer que la presión internacional suele provocar decisiones que los gobiernos prefieren evitar. La postura de Donald Trump apunta precisamente en esa dirección. Si Washington exige resultados antes de abrir la puerta a una alianza hemisférica, el mensaje es claro: quien quiera sentarse en esa mesa tendrá que demostrar control territorial y una política firme contra los carteles.
En ese escenario, la responsabilidad recae directamente en el gobierno de Claudia Sheinbaum. México debería tener la capacidad institucional y la fuerza económica para enfrentar al crimen organizado, lo que falta es determinación política. Si el país aspira a participar en cualquier coalición regional de seguridad, deberá mostrar avances concretos. Las alianzas internacionales no se sostienen con discursos diplomáticos, se construyen con resultados verificables.
