El programa denominado Quédate en México, oficialmente conocido como Protocolos de Protección al Migrante (MPP, por sus siglas en inglés Remain in Mexico), comenzó a implementarse en enero de 2019 durante el primer mandato del expresidente Donald Trump. La política migratoria estableció que ciertos solicitantes de asilo que llegaban por tierra a la frontera entre Estados Unidos y México debían permanecer en territorio mexicano mientras se resolvían sus procesos legales en tribunales estadounidenses.
La administración estadounidense diseñó este programa como parte de una estrategia para limitar el ingreso y el número de personas que solicitaban protección internacional en Estados Unidos. Bajo este esquema, México fungió como sede para recibir a los migrantes y mantenerlos en espera ante la resolución de sus casos migratorios. Esta medida generó una dinámica migratoria particular entre ambos países durante su vigencia.
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Conclusión y críticas al programa
El Gobierno mexicano anunció oficialmente el fin del programa Quédate en México en octubre de 2022. La decisión supuso el cese de la coordinación para la aplicación del protocolo dentro del territorio nacional. En ese momento, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de Migración informaron sobre la conclusión formal de la política conjunta. La cancelación se efectuó tras más de tres años en funcionamiento, tiempo durante el cual el programa enfrentó diversas críticas por las condiciones en que quedaron los solicitantes en México.
Organismos internacionales y grupos de derechos humanos documentaron casos en los que personas sujetas a Quédate en México estuvieron expuestas a riesgos de secuestro, extorsión, violencia sexual y otros abusos en las zonas fronterizas mexicanas donde se encontraban en espera. Se señaló que la medida impactó a miles de personas, en su mayoría originarias de Centroamérica y otros países que buscan escapar de situaciones de violencia o inestabilidad en sus naciones. Human Rights Watch y otras organizaciones evidenciaron estas problemáticas desde la instauración del programa.
Suspensión y reactivación del programa migratorio
El programa Quédate en México estuvo vigente en la administración Trump, pero fue suspendido temporalmente por la administración Biden en enero de 2021. Posteriormente, en varios momentos del gobierno estadounidense se evaluó la posible reactivación del MPP. En enero de 2025, el gobierno de Estados Unidos reinstaló el programa como parte de sus políticas migratorias para controlar la frontera sur, lo que generó respuestas institucionales y sociales dentro de México.
Reacciones en México ante la reimplantación de Quédate en México
Diversos sectores y autoridades mexicanas se manifestaron en contra de la reimplantación del programa. Por ejemplo, gobernadores y funcionarios locales externaron su rechazo a colaborar en la aplicación del protocolo, argumentando la complejidad humanitaria que implica el retorno de migrantes en espera del proceso legal. Asociaciones civiles y organizaciones no gubernamentales también solicitaron al gobierno federal mexicano que evitara participar en la reactivación de Quédate en México debido a los riesgos para los derechos humanos de los migrantes.
Debate legal y cooperación bilateral en el contexto migratorio
La política migratoria y sus consecuencias han sido objeto de debate público y jurídico en ambos países desde la instauración del programa. Las autoridades mexicanas establecieron que México no actúa como país tercero seguro, una consideración legal importante en el contexto de las solicitudes de asilo. Esta definición influye en la cooperación bilateral y en el tratamiento que se da a las personas migrantes que transitan por territorio mexicano.
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Evolución y contexto del programa Quédate en México
La evolución del programa Quédate en México refleja la complejidad de la gestión migratoria en la región fronteriza entre Estados Unidos y México. La participación institucional, las posiciones políticas y las consecuencias para las personas solicitantes de asilo marcan el contexto en el que se desarrolla este esquema desde su creación en 2019 hasta la actualidad. Las autoridades nacionales mantienen vigilancia sobre la implementación y los posibles cambios en las políticas migratorias bilaterales.