El Tribunal Internacional de los Derechos de la Naturaleza ratificó que el Tren Maya ha generado daños graves y permanentes en el sureste de México. Debido a esto, califican el proyecto como ecocidio y etnocidio.
La sentencia, dirigida a la presidenta Claudia Sheinbaum y a Alicia Bárcena, secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, responsabiliza al Estado mexicano por vulnerar los derechos de la naturaleza y los derechos colectivos de los pueblos mayas de la península.
Durante 2025, el Tribunal inspeccionó directamente los tramos 5, 6 y 7 del proyecto y documentó impactos ambientales significativos, muchos irreversibles. Entre las principales afectaciones destacan la fragmentación del territorio, la deforestación, la pérdida de hábitats de flora y fauna, así como la alteración de los flujos hidrológicos naturales.
Estas modificaciones provocan inundaciones en zonas urbanas y agrícolas de Othón P. Blanco y Bacalar, además de daños severos a manglares y otros ecosistemas principales.
Tren Maya: Daños críticos en tramos específicos
El tramo 5 presentó impactos particularmente graves. La perforación del terreno y la instalación de cientos de pilotes de más de 40 metros afectaron de manera irreversible el sistema de cuevas subterráneas. Investigadores y organizaciones comunitarias habían advertido sobre estos riesgos desde principios de 2023, pero las obras continuaron sin modificaciones para evitar los daños.
El Tribunal también denunció la afectación a los derechos humanos y territoriales del pueblo maya. La obra se desarrolla en un contexto de vacíos legales, violaciones institucionales y expansión de la ocupación militar, factores que agravan la vulneración de derechos y priorizan intereses corporativos sobre las comunidades locales.
Riesgos sociales y turísticos
La sentencia advierte que el crecimiento del turismo masivo y la expansión del negocio carguero podrían intensificar los daños ambientales y sociales. El Tren Maya opera en un entorno donde los derechos de las comunidades se suspenden o se violan, lo que aumenta los conflictos territoriales y la presión sobre los ecosistemas.
Llamado a la acción
El Tribunal insta al Estado mexicano a asumir su responsabilidad y adoptar medidas inmediatas para reparar los daños y proteger los derechos de la naturaleza y de los pueblos mayas. De no tomar acciones concretas, la continuidad del proyecto podría profundizar la degradación ambiental y social en la península, con consecuencias irreversibles para las comunidades y el patrimonio natural de la región.
