El gobierno de Estados Unidos enfrenta una nueva ola de amenazas contra agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), cárteles del narcotráfico, pandillas y hasta grupos vinculados con el terrorismo comenzaron a ofrecer recompensas por la vida de funcionarios federales.
Las investigaciones federales revelan que estos grupos pagan hasta 10 mil dólares por asesinar y 2 mil por secuestrar a agentes identificados, cuyas fotografías ya circulan en redes criminales. Según la secretaria del DHS, Kristi Noem, se trata de una estrategia organizada para obstaculizar las operaciones migratorias y de seguridad.
“Es una situación extremadamente peligrosa y sin precedentes”, afirmó en entrevista con Fox News.
Red criminal bajo investigación
El caso más reciente se registró en Illinois, donde Juan Espinoza Martínez, presunto integrante de la pandilla Latin Kings, fue detenido por planear un ataque contra Gregory Bovino, jefe de la Patrulla Fronteriza. Espinoza ofrecía dinero a través de Snapchat para obtener información sobre el paradero del funcionario y hasta una recompensa si lograban matarlo.
El Departamento de Justicia lo procesa por solicitar el asesinato de un agente federal, mientras que las autoridades refuerzan la seguridad en torno a los funcionarios amenazados.
Escalada de violencia contra agentes del ICE en ciudades principales
Las agresiones contra personal del ICE se han vuelto más frecuentes en ciudades como Chicago, Dallas y Portland, donde caravanas de vehículos han seguido y acorralado a agentes. En algunos casos, los atacantes portaban armas de fuego y se registraron intentos de atropello.
“Estamos viendo un patrón de ataques coordinados. Nuestros agentes están siendo perseguidos y acosados mientras cumplen con su deber”, advirtió Noem, quien ordenó incrementar la vigilancia y revisar los protocolos de protección.
Divisiones políticas ante la respuesta federal
Las medidas del DHS han provocado tensiones con gobiernos locales. El alcalde de Chicago, Brandon Johnson, cuestionó la postura federal y calificó las acciones como “excesivas e inconstitucionales”. Noem respondió que la falta de cooperación de ciertos funcionarios “da cobertura a los criminales y debilita la autoridad de la ley”.
El gobierno estadounidense busca enviar una señal firme: los ataques contra agentes federales recibirán todo el peso de la ley.
