El despliegue de una flotilla naval estadounidense frente a las costas de Venezuela a finales de agosto de 2025 reconfiguró de inmediato el equilibrio geopolítico en el Caribe. Esta acción, replicada poco después por Francia con el refuerzo de sus buques en Guadalupe, transformó la lucha contra el narcotráfico en el eje de una compleja disputa internacional con Nicolás Maduro en el centro. El evento reactivó viejos temores de intervencionismo y obligó a los países de la región a definir su postura en un nuevo tablero de alianzas forjado bajo presión.
Washington sostiene que su iniciativa es una operación antidrogas dirigida contra el Cartel de los Soles, una organización que acusa de estar bajo el control directo del gobierno venezolano. La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, fue contundente al afirmar que el gobierno de Maduro “no es el gobierno legítimo de Venezuela, es un cartel del narcoterror”. La oferta de una recompensa de 50 millones de dólares por la captura de Maduro añadió un componente de tensión personal a la crisis. Esta postura encuentra eco en aliados regionales como Trinidad y Tobago, que se declaró dispuesta a ceder su territorio para apoyar las operaciones.
Las alianzas a favor y en contra de la presión internacional
La respuesta de Caracas fue predecible en su tono, pero inusual en su escala. Maduro ordenó la movilización de 4,5 millones de milicianos, una cifra que expertos como Edward Rodríguez consideran una exageración propagandística, pero que efectivamente sirvió para galvanizar a su base de apoyo interno. Simultáneamente, el gobierno venezolano buscó y obtuvo el respaldo de aliados ideológicos. El presidente de Bolivia, Luis Arce, condenó la “infamia” de las acusaciones estadounidenses, mientras que el expresidente Evo Morales tachó el despliegue militar de “provocación” que amenaza la paz regional.
Francia introdujo una variable europea en la ecuación. Al anunciar el refuerzo de sus buques en sus territorios de ultramar, el ministro Manuel Valls argumentó que se trataba de una medida para combatir las redes de narcotráfico que usan el Caribe como ruta hacia Europa. Este movimiento, aunque técnicamente independiente, fue percibido en la región como un gesto de alineamiento con la estrategia de presión de Washington sobre Caracas. Esta coordinación tácita entre potencias extra-regionales sitúa a los países caribeños en una posición delicada, forzados a equilibrar su soberanía con sus necesidades de seguridad.
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Una invasión improbable con consecuencias muy reales
A pesar del belicoso intercambio de palabras, los analistas coinciden en que una invasión militar a gran escala sigue siendo un escenario remoto. Mariano de Alba, analista geopolítico, lo califica de “poco probable” y sugiere que se trata más bien de una “operación de corte psicológica” para incrementar la presión sobre un gobierno ya acorralado. Una acción militar abierta tendría un costo diplomático prohibitivo para Estados Unidos y complicaría sus esfuerzos en otros frentes globales.
Las consecuencias más inmediatas son de naturaleza política interna. Para Maduro, la crisis es un instrumento para silenciar disidencias, purgar rivales y arrestar opositores bajo el paraguas de una emergencia nacional. Para la ciudadanía, significa una profundización de la incertidumbre. Como señaló una trabajadora en Caracas, la vida continúa pese a la retórica: “Si vamos a esperar por los gringos que lleguen, no llevo comida para la casa”. El episodio, en definitiva, redefine las alianzas regionales mientras perpetúa una crisis humanitaria que parece no tener fin a la vista.
