Alex Tonatiuh Márquez Hernández, actual director general de Investigación Aduanera en la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), enfrenta una investigación federal por presunto lavado de dinero, a pesar de que las advertencias sobre su perfil ya se habían presentado desde 2023 ante el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador.
Durante la conferencia matutina del 9 de junio de 2023, un periodista alertó directamente a López Obrador sobre la reputación de Márquez Hernández y de otros dos funcionarios, Héctor Ruiz Ángel y Alejandro Enrique Arco Romero. El comunicador acusó a este grupo de imponer su presencia en altos mandos de la ANAM para controlar el contrabando en las aduanas, principalmente del norte del país.
El entonces mandatario reconoció conocer los conflictos internos en la agencia y aseguró que ya se investigaban los señalamientos. Prometió que habría acciones, pero nunca se dio seguimiento público al caso ni se transparentaron los resultados de las indagatorias.
Alex Tonatiuh Márquez: Red de empresas y movimientos financieros no justificados
Dos años después, las sospechas resurgen con más fuerza. De acuerdo con información difundida por El Universal, Márquez Hernández aparece como representante legal y principal empleado de la empresa Aledo S.A. de C.V., señalada por el SAT por operaciones financieras irregulares que podrían implicar recursos de procedencia ilícita por más de 257 millones de pesos.
Además, documentos oficiales muestran que entre 2019 y 2021 recibió depósitos en efectivo por 2.6 millones de pesos, los cuales no reportó al fisco. Las autoridades consideran que sus ingresos son insuficientes para justificar su estilo de vida, que incluye la compra de vehículos de lujo por 4 millones de pesos y la adquisición de inmuebles por al menos 18 millones.
La empresa Aledo comparte domicilio fiscal con otra firma: Heluan S.A. de C.V., cuyo representante legal es Héctor Antonio Ruiz Ángel, actual subdirector de Recaudación en la ANAM. La investigación los vincula con una red de transacciones y depósitos en efectivo que ascienden a más de 5.5 millones de pesos, además de una omisión de ingresos por al menos 6 millones de pesos.
