El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños reportó la detención de Sandra Lucía Téllez, una de las socias propietarias de la Guardería ABC de Hermosillo, Sonora. La aprehensión se realizó en Estados Unidos.
A través de una carta fue que los padres de familia dieron a conocer la información que la mujer está en un centro de detención en Arizona. Ante esto fue que solicitaron a la presidenta Claudia Sheinbaum su extradición para enfrentar la justicia.
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La captura de la mujer se debe a la ficha roja que estaba activa por la Interpol en la que se exigía su reaprehensión inmediata. La intención es que cumpla con la sentencia definitiva.
El colectivo Manos Unidas sostuvo que las autoridades mexicanas debieron ser notificadas de inmediato de la aprehensión de Sandra Téllez, socia de la Guardería ABC. Acusaron un silencio altamente sospechoso, sobre todo porque el abogado de la propietaria busca asilo político en EU para su cliente.
Sostiene que la mujer es perseguida política, cuando en realidad habría sido cómplice en la tragedia que cobró la vida de 49 niños hace más de 16 años. Por esta situación exigen su deportación y extradición a México.
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¿Qué pasó en la Guardería ABC, de la que era socia Sandra Téllez?
El 5 de junio de 2009, un incendio arrasó con el centro infantil, operado para menores del IMSS. La causa fue que a un costado tenían una bodega de archivos del estado repleta de materiales inflamables. El siniestro ocurrió cuando los menores de edad tomaban una siesta. Hubo 49 niños muertos y más de 100 heridos.
Las investigaciones posteriores revelaron múltiples fallas de seguridad en el inmueble. Entre ellas estaban que:
- El edificio no contaba con salidas de emergencia, extinguidores o alarmas funcionales
- Los techos y muros permitieron una rápida propagación del fuego
- La guardería había sido aprobada bajo un esquema de subrogación del IMSS, cuyos estándares de supervisión fueron señalados como negligentes.
En el 2020 la CIDH (Comisión Interamericana de Derechos Humanos) admitió el caso y estudia posibles violaciones de derechos humanos.
En el marco del 16 aniversario de la catástrofe, padres de familia exigieron que el IMSS reconozca como víctimas afectadas directas a sobrevivientes que aún enfrentan secuelas de salud no atendidas adecuadamente.
