Tabasco registra en 2025 un promedio alarmante: ocho personas desaparecen cada día. Esta cifra récord de 1,798 casos en solo seis meses tiene sus raíces en administraciones anteriores. Cuando Adán Augusto López asumió la gubernatura en 2019, inició una tendencia ascendente que su sucesor Carlos Merino (2021-2024) no pudo revertir. Datos de la Red Lupa revelan que el 71% de las víctimas menores de edad son niñas, mientras municipios como Centro presentan incrementos del 600% en reportes.
De las cifras ocultas a la emergencia visible
El análisis de las cifras oficiales muestra un patrón preocupante. Durante 2021, bajo el gobierno de Adán Augusto, se reconocieron apenas 631 casos, cifra que contrasta con los 1,894 reportados al finalizar el mandato de Merino en 2024. Este aumento exponencial coincide con lo que expertos identifican como una mayor transparencia en el registro, pero también con una escalada en las actividades del crimen organizado.
Samuel Storr, investigador de la Universidad Iberoamericana, señala que Tabasco ocupa el tercer lugar nacional en tasa de desapariciones.
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“El dato más revelador es que actualmente hay más personas desaparecidas que víctimas de homicidio doloso”, explica.
Esta situación se agrava por la aparente indiferencia de las autoridades federales, que no han implementado estrategias específicas para atender esta problemática.
Crimen organizado e instituciones rebasadas
El fenómeno tiene múltiples dimensiones. Por un lado, la infiltración del crimen organizado en instituciones locales quedó al descubierto con el caso de Hernán Bermúdez, exsecretario de seguridad vinculado al grupo delictivo La Barredora. Por otro, la ubicación estratégica de Tabasco como corredor para el tráfico de drogas y migrantes lo convirtió en territorio codiciado por cárteles como el CJNG y el de Sinaloa.
Javier Oliva, académico de la UNAM, advierte sobre las consecuencias de esta situación:
“Las familias tabasqueñas enfrentan una doble victimización: por la desaparición de sus seres queridos y por la falta de respuestas efectivas de las autoridades”.
Mientras tanto, las fiscalías locales muestran claras señales de colapso ante la magnitud del problema.
