En respuesta a las recientes acusaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos sobre el presunto uso de cámaras de videovigilancia de la capital para rastrear a un informante del FBI por parte del Cártel de Sinaloa en 2018, el Centro de Comando, Cómputo, Comunicaciones y Contacto Ciudadano de la Ciudad de México (C5 CDMX) emitió un comunicado en el que deslinda a la actual administración de los hechos y apunta directamente a sus antecesores.
Según el organismo, los hechos ocurrieron durante la etapa final del gobierno de Enrique Peña Nieto y la jefatura de gobierno de Miguel Ángel Mancera, una administración que (según acusa el propio C5) “negaba la existencia del crimen organizado en la capital del país” mientras maquillaba sistemáticamente las cifras de incidencia delictiva.
Crimen organizado y vigilancia: El contexto detrás del caso
El escándalo surgió tras una investigación del Departamento de Justicia estadounidense que reveló cómo el Cártel de Sinaloa supuestamente utilizó tecnología de videovigilancia del C5 para seguir los pasos de un informante federal. Esta persona habría sido ubicada y eventualmente asesinada, levantando serias preocupaciones sobre la integridad de los sistemas de seguridad mexicanos en años anteriores.
En su comunicado, el C5 de la CDMX se deslindó de responsabilidad y subrayó que el caso data de un periodo donde los homicidios y la violencia urbana alcanzaron niveles récord, y donde la protección institucional frente al crimen organizado era, según palabras del Centro, inexistente o deliberadamente ignorada.
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Nueva era de vigilancia en la CDMX: ¿Qué ha cambiado?
Tras la llegada de Claudia Sheinbaum Pardo al gobierno de la Ciudad de México en diciembre de 2018, el C5 afirma que se implementaron cambios estructurales para blindar el sistema de videovigilancia, duplicando el número de cámaras y estableciendo nuevas medidas de protección de datos.
“El C5 actualmente opera bajo un esquema de seguridad integral que incluye redes segmentadas y aisladas, lo cual impide el tránsito libre de datos entre sistemas sensibles”, detalla el comunicado. Esta segmentación permite que las operaciones del centro no se vean comprometidas por accesos no autorizados ni posibles intervenciones externas.
El C5 también defendió su actual política de transparencia y trabajo conjunto con instancias de seguridad nacional e internacional, asegurando que “la confianza de la ciudadanía y de los organismos internacionales en nuestras capacidades es un pilar de nuestra estrategia”.
La herencia del pasado y el control del presente
Este señalamiento de Estados Unidos reaviva el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las instituciones públicas durante el sexenio de Peña Nieto, así como el papel de los gobiernos locales en la garantía de la seguridad digital y operativa.
El C5 sostiene que la actual administración ha corregido esas debilidades heredadas y que hoy, gracias a la estrategia de seguridad de la Ciudad de México, la infraestructura tecnológica es más robusta y confiable que nunca.
