La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que su gobierno ya entregó al Congreso de la Unión cuatro iniciativas clave para la reforma al Poder Judicial.
Estos proyectos serán discutidos en el próximo periodo ordinario de sesiones y buscan transformar de fondo el sistema de justicia en México.
Durante su conferencia mañanera, la mandataria federal explicó que los cambios propuestos se refieren a cuatro órdenes:
- Al Código Nacional de Procedimientos Penales
- A la Ley de Delincuencia Organizada
- A la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo
- A la Ley de Amparo.
Estas reformas al Poder Judicial, dijo Claudia Sheinbaum, forman parte del compromiso con una justicia más eficiente, accesible y cercana a la ciudadanía.
Aunque en la actual etapa legislativa —el periodo extraordinario— no están en discusión, dejó claro que su administración impulsará con fuerza estas iniciativas en cuanto arranque el nuevo periodo ordinario en septiembre.
“Ya se entregaron a las cámaras y se aprobarán en el periodo ordinario”, afirmó.
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En el contexto de esta reforma estructural, la presidenta también fue cuestionada sobre otras propuestas en marcha. Confirmó que la Cámara de Diputados aprobó recientemente, con 476 votos a favor, la reforma a la Ley del Seguro Social que regula los retiros por desempleo de las Afores. Este dictamen pasará ahora al Senado para su análisis y eventual publicación en el Diario Oficial de la Federación.
Sobre este punto, Sheinbaum precisó que si bien la reforma no fue impulsada directamente por el Ejecutivo, se encuentra bajo análisis de la Secretaría de Hacienda para garantizar que su aplicación sea en beneficio de los trabajadores. “La cantidad se está revisando, siempre en beneficio de los trabajadores”, sostuvo.
La presidenta también enlistó otras iniciativas relevantes en el periodo extraordinario, entre ellas la prohibición del uso de mamíferos marinos en espectáculos mediante una reforma a la Ley General de Vida Silvestre, cambios a la Ley de Impuestos Generales de Importación y Exportación, y ajustes a la legislación para reforzar la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La presidenta subrayó que todas las reformas, tanto las impulsadas por su administración como aquellas surgidas desde el Legislativo, buscan “el bienestar de la ciudadanía y de los trabajadores”.