El Senado de la República aprobó por unanimidad una reforma a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, la cual permitirá que funcionarios de empresas paraestatales, como el SAT y Pemex, puedan portar armas de fuego en el ejercicio de sus funciones. Con esta decisión, se busca fortalecer las capacidades de protección institucional en sectores estratégicos del país.
La iniciativa, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, ya había sido avalada por la Cámara de Diputados la semana pasada. Tras su aprobación en el Senado, el proyecto será turnado al Poder Ejecutivo para su publicación en el Diario Oficial de la Federación, paso final para su entrada en vigor. La propuesta contempla más de 100 modificaciones a diversos artículos de la legislación actual.
Uno de los aspectos centrales de esta reforma es que habilita a funcionarios de entidades como Petróleos Mexicanos (Pemex), la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el Servicio de Administración Tributaria (SAT), el Banco de México (Banxico) y la Casa de Moneda a portar armas, siempre que presenten una justificación formal y cumplan con los requisitos establecidos por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
De acuerdo con el texto de la reforma, los permisos estarán condicionados al cumplimiento de protocolos estrictos de evaluación y capacitación. Solo se otorgarán licencias de portación cuando se acredite que el uso del armamento es necesario para tareas de seguridad en zonas o contextos que así lo exijan. Las personas físicas o morales también podrán acceder a estas licencias si su función lo justifica.
Además de autorizar el uso legal de armas en nuevas instancias, la reforma establece penas más severas para quienes incurran en delitos relacionados con armamento ilegal. Las sanciones incluyen penas de prisión de cuatro a ocho años, así como multas que van de 700 a 1,500 veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA). Estas medidas buscan combatir con mayor eficacia el tráfico y uso indebido de armas en el país.
Con esta reforma, se reconoce la necesidad de adaptar el marco legal a los desafíos actuales en materia de seguridad. Las empresas paraestatales y organismos autónomos desempeñan funciones clave en la operación y resguardo de infraestructura crítica, lo que las convierte en posibles blancos de amenazas o actos delictivos. La medida también responde al creciente interés por fortalecer el papel preventivo de las instituciones públicas en materia de protección.
