En un esfuerzo por erradicar la corrupción inmobiliaria, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) presentó una iniciativa de reforma que busca establecer un delito específico en el Código Penal de la capital, así como imponer sanciones severas, incluida la posibilidad de prisión de 10 a 20 años. La propuesta, que aún debe discutirse y aprobarse por el Congreso capitalino, la respaldó por el jefe de Gobierno, Martí Batres.
La iniciativa propone la creación del delito de “corrupción inmobiliaria” y establece penas más rigurosas para quienes incurran en él. Según el proyecto, el servidor público que permita, por acción u omisión, la construcción de inmuebles sin cumplir con los requisitos legales podría enfrentar una condena de 10 a 20 años de prisión. Además, se contempla un aumento del 50% en la pena si el funcionario o sus allegados obtienen beneficios económicos de estas acciones ilícitas.
Con la adición de un nuevo capítulo al Código Penal, titulado “corrupción inmobiliaria”, y la inclusión del artículo 276 quarter, se pretende atacar de frente esta problemática que, según el jefe de Gobierno, ha experimentado un crecimiento exponencial desde 2009. Batres expresó que existe una preocupación sobre el aumento indiscriminado de la construcción por encima de los límites permitidos, señalando a la Alcaldía Benito Juárez por presuntamente favorecer a empresas que buscaban construir edificios con alturas no permitidas.
El documento se remitirá al Congreso para su revisión y, en su caso, aprobación. Martí Batres subrayó la importancia de combatir la corrupción inmobiliaria, la cual, según él, contribuye al enriquecimiento ilícito de altos funcionarios, afecta negativamente la vivienda al encarecerla y especular con el costo del suelo, además de tener impactos en el suministro de agua y en la seguridad estructural de las construcciones.
OBJETIVOS DE LA REFORMA “CORRUPCIÓN INMOBILIARIA”
El Secretario de Gobierno, Ricardo Ruiz Suárez, explicó que la reforma tiene tres objetivos clave: disuadir la formación de organizaciones similares al Cártel Inmobiliario, combatir eficazmente la corrupción y cambiar el paradigma de la vivienda como objeto de especulación financiera a un derecho fundamental.
El combate a la corrupción inmobiliaria también fue vinculado a la exfiscal capitalina, Ernestina Godoy, cuya ratificación fue rechazada recientemente por el Congreso. El Gobierno y otros actores morenistas sugirieron que esto podría ser una venganza de la oposición por las investigaciones contra el llamado Cártel Inmobiliario durante la gestión de Godoy. La reforma se presenta como un paso significativo en la lucha contra esta problemática que afecta no solo la integridad urbana, sino también la equidad y legalidad en el desarrollo inmobiliario de la Ciudad de México.
