Dictan prisión preventiva contra Alberto “N” en San Luis Potosí por violencia doméstica

Dictan prisión preventiva contra Alberto "N" en San Luis Potosí por violencia doméstica Dictan prisión preventiva contra Alberto "N" en San Luis Potosí por violencia doméstica
Foto: Alberto El Patrón

El exluchador de la WWE, Alberto “El Patrón“, continuará detenido, luego de que un juez dictara prisión preventiva tras la audiencia inicial por presunta violencia doméstica en contra de su pareja sentimental.

El caso, que ha generado alta atención mediática, se desarrolla en el Centro de Reinserción Social de La Pila, donde el imputado permanecerá mientras se define su situación jurídica.

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Juez otorga 72 horas para presentar pruebas: duplicidad del término

Durante la audiencia inicial, la defensa del luchador solicitó la duplicidad del término constitucional, un recurso legal que otorga un plazo de 72 horas para presentar pruebas a favor del acusado.

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Esta estrategia busca fortalecer la defensa de Alberto “N” antes de que el juez determine si lo vincularán a proceso.

Así fue la primera audiencia en el penal de La Pila

La audiencia se llevó a cabo este jueves en el penal de La Pila, iniciando alrededor de la 1:00 de la tarde y concluyendo poco antes de las 3:00 pm.

Durante la sesión:

  • Se presentaron los primeros elementos de la carpeta de investigación.
  • La defensa solicitó la ampliación del plazo constitucional.
  • Se dictó la medida cautelar de prisión preventiva.

El proceso continuará en los próximos días con una nueva audiencia clave.

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¿Qué sigue en el caso de Alberto “N”?

Será en la próxima audiencia, programada para este fin de semana, cuando el juez determine si el exluchador es vinculado a proceso por el delito de violencia familiar.

Mientras tanto, Alberto “N” permanecerá en prisión preventiva, en un caso que se mantiene bajo investigación por parte de las autoridades.

Posible acuerdo económico fue rechazado

De acuerdo con versiones que han trascendido, el exluchador habría ofrecido una cantidad cercana al millón de pesos para llegar a un acuerdo con la presunta víctima.

Sin embargo, dicha propuesta la rechazada, lo que mantiene activo el proceso judicial y refuerza la posibilidad de que el caso avance en tribunales.

Este caso ocurre en un contexto donde las autoridades mexicanas han reforzado su postura de cero tolerancia a la violencia contra las mujeres, impulsando acciones legales más estrictas y seguimiento puntual a denuncias de este tipo.

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