El Comité contra las Desapariciones Forzadas de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) solicitó que la Asamblea General de las Naciones Unidas evalúe la situación de las desapariciones forzadas en México, en una decisión considerada excepcional dentro de los mecanismos internacionales de derechos humanos.
De acuerdo con el comunicado emitido este 2 de abril, el organismo determinó que existen elementos suficientes para escalar el caso mexicano al máximo nivel deliberativo de la ONU, lo que podría derivar en recomendaciones formales dirigidas al Estado mexicano.
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¿Por qué la ONU analiza las desapariciones en México?
El procedimiento activado por el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU se basa en la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, de la cual México es Estado parte. 
Este mecanismo se utiliza en casos excepcionales cuando:
- Se detecta una posible práctica sistemática o generalizada.
- Existen indicios de gravedad persistente.
- Se requiere atención urgente de la comunidad internacional.
La decisión implica que la problemática será discutida en la Asamblea General, lo que podría aumentar la presión internacional sobre México en materia de derechos humanos.
Contexto internacional: otros países bajo revisión
El comité también presentó informes sobre otras naciones como Ecuador, Irak, Malawi y Samoa, además de emitir pronunciamientos sobre casos específicos como Tailandia.
Sin embargo, el caso de México destaca por la posibilidad de ser elevado a la Asamblea General, lo que subraya la relevancia y gravedad de la situación.
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ONG califican la decisión como “histórica”
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez respaldó la medida y la calificó como una resolución histórica.
Según la organización, el comité activó por primera vez el artículo 34 de la convención al considerar que existen “indicios bien fundados” de que en México podrían estarse cometiendo desapariciones forzadas como crímenes de lesa humanidad.
Este señalamiento apunta a posibles prácticas sistemáticas que afectarían a la población civil.
Gobierno de México rechaza informe de la ONU
Por su parte, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores, rechazó el informe del comité, calificándolo como “tendencioso” y carente de rigor jurídico.
La Cancillería argumentó que:
- El informe no refleja la realidad actual del país.
- No considera avances institucionales recientes.
- Se basa en hechos ocurridos entre 2009 y 2017.
Además, señaló que el procedimiento internacional está diseñado para contextos donde el Estado permite o ejecuta desapariciones de forma sistemática, lo cual (según el gobierno) no corresponde al México actual.
El posicionamiento de la ONU y la respuesta del gobierno mexicano evidencian un debate internacional sobre la situación de derechos humanos en el país.
Mientras organismos y organizaciones civiles alertan sobre la gravedad del problema, el Estado mexicano defiende que ha implementado reformas y acciones para combatir este delito.
