Layda Sansores informó que manifestantes detenidos tras los disturbios registrados durante la marcha del Día de la Mujer (8M) en Campeche podrían enfrentar sentencias de hasta 37 años de prisión. Las personas fueron trasladadas al penal de Centro de Reinserción Social de San Francisco Kobén. Serán presentadas ante un juez de control para enfrentar los cargos en su contra.
La gobernadora informó que dos de las mujeres detenidas serán acusadas de homicidio calificado en grado de tentativa. Esto podría derivar en penas de entre 25 y 37 años de prisión, una de las sanciones más altas previstas para este tipo de delitos.
Layda Sansores daría hasta 37 años de prisión a manifestantes del 8M en Campeche
De acuerdo con la mandataria, las imputadas habrían intentado incendiar a policías estatales durante la manifestación al arrojar gasolina y prender fuego a los escudos que portaban los agentes que resguardaban el Palacio de Gobierno. 
“Quedaron las dos mujeres que trataron de incendiarlas; tiraron la gasolina y los cerillos. Ya están en Kobén y mañana tendrán la audiencia. Esperemos que el juez actúe con justicia y que el juicio resulte en una sentencia por ese homicidio calificado en grado de tentativa, que conlleva muchos años de prisión”, declaró Sansores durante la transmisión de su programa semanal.
Además de estas acusaciones, una tercera persona enfrentará cargos por daños al Palacio de Gobierno, mientras que sobre las otras dos personas detenidas la gobernadora no ofreció detalles adicionales.
Inicialmente, la Policía del Estado de Campeche reportó la detención de 14 personas durante la protesta feminista. Según las autoridades, los arrestados habrían participado en actos de violencia contra los agentes que resguardaban el edificio gubernamental.
Sansores también adelantó que se procederá legalmente contra quienes realizaron actos de iconoclasia, como pintas o daños a monumentos y edificios públicos, quienes podrían ser obligados a reparar los daños ocasionados.
En medio de la polémica, la mandataria reveló que recibió llamadas de personas que intercedieron por una de las detenidas, presuntamente vinculada con actividades culturales y de voluntariado. En ese caso, indicó que podría haber consideraciones, ya que no habría participado en agresiones directas contra las policías.
Por su parte, organizaciones civiles como la Red Nacional de Defensoras de Derechos Humanos en México han denunciado que algunas detenciones fueron arbitrarias y sin flagrancia, y señalaron el caso de Esli, estudiante de doctorado del El Colegio de la Frontera Sur (Ecosur), quien habría demostrado que no formaba parte del grupo señalado por incendiar los escudos.
Entre las personas arrestadas también se encontraba una menor de edad, quien fue liberada el 9 de marzo.
El caso ha generado debate entre autoridades y organizaciones feministas sobre el uso de la fuerza, la criminalización de la protesta y la severidad de las penas que podrían enfrentar algunas de las manifestantes detenidas durante la jornada del 8M.
