México enfrenta una contradicción silenciosa: mientras los negocios familiares sostienen la economía real del país, el entorno económico y regulatorio parece jugar en su contra. Más de 6.1 millones de mipymes representan el 99.8% de las unidades económicas nacionales, pero el 67% de ellas opera en la informalidad. Esto no refleja desinterés por la formalidad, sino dificultad estructural para sostenerla.
El problema no es ideológico, es matemático. Con un crecimiento proyectado marginal para 2026, la economía simplemente no genera suficiente expansión productiva para absorber costos crecientes y nuevas obligaciones sin afectar márgenes. En ese entorno, cada incremento regulatorio se siente de forma inmediata en la operación diaria.
La discusión sobre la reducción de la jornada laboral a 40 horas es un ejemplo claro. El esquema plantea una transición gradual hasta 2030, lo cual es positivo. Sin embargo, los datos empresariales muestran preocupación: el 71.4% anticipa aumentos en costos y el 66.72% solicita reducción de impuestos para poder implementarla. Las empresas enfrentan la disyuntiva de contratar más personal, con incrementos estimados de hasta un 15%, o pagar horas extra, que podrían elevar costos hasta un 20%. 
El contexto es delicado. Entre diciembre de 2023 y noviembre de 2025 se perdieron 43,578 registros patronales ante el IMSS. No se trata solo de cifras, se trata de empresas que dejaron de emplear formalmente. Y aunque el emprendimiento individual crece, el fenómeno revela fragmentación más que expansión estructural.
Además, más del 54% de la población ocupada trabaja en la informalidad, aunque ese segmento genera aproximadamente el 25% del PIB. La mayoría contribuye vía impuestos al consumo, lo que no tiene es acceso pleno a seguridad social.
El dilema es claro: ¿cómo avanzar en derechos laborales sin debilitar la base productiva que los sostiene? La respuesta no está en frenar reformas, sino en acompañarlas con rediseño estructural. Simplificación fiscal, seguridad social más accesible, incentivos temporales a la productividad e impulso decidido a la inversión deben formar parte de la ecuación.
México no puede permitirse una política fragmentada. Si se incrementan obligaciones sin elevar crecimiento, el ajuste lo absorberán los más pequeños. Pero si se sincronizan reformas laborales, fiscales y de inversión, el país puede convertir presión en productividad.
Los negocios familiares no son el problema, son la base, y cuando la base se debilita, toda la estructura económica pierde estabilidad.
