Desde la óptica empresarial, hay decisiones públicas que no solo se miden por su legalidad, sino por el costo que arrastran a largo plazo. La destitución de Marx Arriaga de su cargo en la Secretaría de Educación Pública es un ejemplo, y no es un episodio administrativo menor. Esta es la corrección tardía de una apuesta que colocó la ideología por encima del conocimiento y que deja lecciones incómodas para quien piense que la educación puede tratarse como un laboratorio político sin consecuencias económicas.
Cuando un funcionario reconoce que diseñó los libros de texto “desde el obradorismo”, no se trata de una frase mal calculada. Es la admisión de que un insumo básico para la formación del capital humano del país se construyó bajo una corriente política específica. El Artículo 3º constitucional no deja espacio para interpretaciones creativas: la educación en México debe ser laica, científica y democrática. Traducido al lenguaje de negocios, eso significa neutralidad metodológica, rigor técnico y enfoque en resultados. Todo lo contrario a un diseño con sesgo militante.
El problema de fondo no es solo ideológico, es de competencia profesional. Arriaga llegó a un área de gran importancia sin experiencia en diseño curricular ni en aprendizaje infantil. Su formación en filología no lo preparó para definir contenidos de matemáticas, lectura o ciencias para educación básica. En una empresa, ese nombramiento habría encendido alertas inmediatas. En el sector público, se normalizó y el resultado fue previsible: materiales con errores, confusión conceptual y una defensa pública que prefirió llamar “áreas de oportunidad” a fallas que afectaron directamente el proceso educativo. 
Para quienes vemos la educación como la base para el desarrollo económico, el daño no se mide en polémicas mediáticas, sino en productividad futura y un país con rezagos en comprensión lectora y pensamiento matemático no puede darse el lujo de experimentar con dogmas. Cada generación que sale mal preparada es una fuerza laboral menos calificada, menos adaptable y más costosa de integrar al mercado formal. Eso impacta a la educación pública, pero también a la privada, que termina absorbiendo deficiencias que no le corresponden.
La destitución de Arriaga abre una ventana que no debe desperdiciarse. Recuperar el área de Materiales Educativos implica devolverla a especialistas, a pedagogos con formación técnica y a diseñadores curriculares que entiendan que la escuela no es una tribuna. Para la iniciativa privada, esto importa más de lo que se admite. Las empresas no invierten en países donde deben gastar recursos adicionales para capacitar desde cero a egresados que no dominan lo básico.
La discusión no se limita al mercado laboral o al sistema educativo. También alcanza a sectores que dependen de la percepción internacional del país, como el turismo. México ha construido durante años una imagen asociada a la hospitalidad, la profesionalización de servicios y la capacidad logística para eventos de gran escala. Cuando el sistema educativo transmite improvisación o sesgo ideológico en lugar de rigor, esa imagen se erosiona. La formación deficiente de capital humano termina reflejándose en atención turística, gestión cultural, idiomas y operación de servicios, áreas donde la experiencia del visitante se define por la preparación de quienes lo reciben.
Esto cobra especial relevancia ante compromisos como la Copa del Mundo 2026. La organización de un evento de esa magnitud exige cuadros técnicos, operadores bilingües, gestores culturales y personal con criterio profesional. Si el país llega con un sistema educativo debilitado por decisiones políticas, el costo no se medirá solo en aulas, sino en oportunidades perdidas para atraer inversión turística, proyectos paralelos y reputación internacional. En negocios, la credibilidad también se educa, y cuando falla desde la base, el mercado lo percibe antes que cualquier discurso oficial.
En Miami, donde la comunidad mexicana observa con atención lo que ocurre en su país de origen, el mensaje también es claro. Las decisiones educativas en México influyen en los flujos migratorios, en la calidad del talento que cruza fronteras y en la percepción de seriedad institucional. Nadie confía capital en un sistema que convierte la educación en catecismo político.
El episodio Arriaga deja un saldo evidente: cuando la pedagogía se sustituye por dogma, el costo lo paga el país entero. Corregir el rumbo exige menos discursos y más horas efectivas de aprendizaje, evaluaciones claras y una visión que entienda que educar bien no es un gesto ideológico, sino una inversión estratégica. Y como toda inversión mal hecha, esta dejó pérdidas que aún estamos por dimensionar.
